"La Policía Nacional detiene al presunto responsable de una red de prostitución masculina". Este fue el titular que encabezó hace diez meses la información de una de las operaciones policiales más relevantes llevadas a cabo el año pasado en la ciudad, que acabó con el desmantelamiento de un punto de venta de cocaína en una tienda de chucherías del Zaidín.

Aquella actuación dio lugar a la correspondiente investigación judicial, que finalmente no contempló delito en la explotación sexual de aquellos hombres, pero sí en el trapicheo de droga que había tanto en la vivienda donde mantenían relaciones con sus clientes como en el referido establecimiento de golosinas.

Las diligencias aterrizaron en el juzgado del magistrado Antonio Moreno -Instrucción 4-, que durante un tiempo las mantuvo secretas. Tras meses de instrucción, la causa finalizó con tres acusados y fue derivada a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento. La vista tuvo lugar el pasado 25 de enero y acabó en una sentencia de conformidad.

Este diario ha tenido acceso a la sentencia emitida por el tribunal de la Sección Primera, que ha impuesto tres años de prisión y multas de 30.242 euros a Jhohan C.L. y Luis A.C., los dos individuos que fueron detenidos por traficar con 'coca' en el quiosco.

Al tercer acusado, en su día considerado por la Policía como "el responsable de la red de prostitución masculina", le ha impuesto dos años de prisión y una multa de 1.200 euros, aunque -como antes se ha dicho- no por los servicios sexuales que ofrecían los chicos en su piso, sino por traficar con sustancias prohibidas dentro del inmueble.

En concreto, la resolución considera probado que Juan Carlos A.M., un empresario madrileño que por entonces tenía 31 años, facilitó "a distintas personas y al menos en cinco ocasiones sustancias estupefacientes" en el piso donde vivía en la capital y donde la Policía comprobó que trabajaban los prostitutos. Generalmente, según añade la sentencia, la droga que suministraba era cocaína, que vendía a "60 euros el gramos". Este individuo, según confirmaron las fuentes consultadas, no tendría que pisar en principio el centro penitenciario, al carecer de antecedentes penales y no ser la pena de cárcel impuesta superior a 24 meses.

La droga era suministrada a Juan Carlos A. por los otros dos acusados, uno de los cuales regentaba el mencionado quiosco, situado en la misma calle de donde estaba su piso. La tienda, como señala el tribunal, mantenía "un horario irregular de apertura que evidenciaba no ser destinado al fin comercial aparentemente publicitado".

Tras arduas tareas de vigilancia, los agentes acabaron registrando tanto el inmueble donde los chicos se prostituían como el quiosco. En la tienda hallaron algo más de 122 gramos de 'coca', con una pureza de entre el 8 y el 12% repartidos en dos bolsas, una en el interior de la trastienda del establecimiento y otra "arrojada subrepticiamente por el acusados Luis A.C. en el interior para no verse implicado en los hechos". También encontraron cerca de 15 gramos de marihuana y una balanza de precisión, entre otros útiles de los que se usan para preparar las dosis de 'coca'.

Exactamente, el fallo condena a los tres acusados -que mostraron su conformidad con estos hechos y aceptaron su culpa en el juicio- como autores "de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud".

Las investigaciones policiales se iniciaron en septiembre de 2011, a raíz de haberse detectado, en el marco de una operación nacional, la captación de ciudadanos brasileños, varones, por parte de una organización dedicada a la explotación sexual de hombres.

Según informó la Policía en su día en una nota de prensa, pronto se localizó la vivienda de Juan Carlos A., situada muy cerca del nuevo Estadio Los Cármenes, donde los agentes comprobaron que distintos varones vendían su cuerpo y donde se consumían sustancias estupefacientes que eran adquiridas en el quiosco de chucherías de los otros dos acusados, ambos de nacionalidad colombiana. Cuando los agentes llevaron a cabo el registro de la vivienda localizaron a cinco hombres -tres extranjeros y dos españoles- que ofrecían sexo a cambio de dinero. Las investigaciones fueron realizadas por la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Granada, que contó con el apoyo del grupo de Estupefacientes.