El Sindicato Profesional de Justicia de la Unión Sindical Obrera (SPJ-USO) de Granada, mayoritario en la justicia granadina, denunció "la incongruencia de los responsables políticos del ramo, tanto del Ministerio de justicia como por la Junta de Andalucía", por disponer la entrada de la fase 2 judicial para el próximo martes 26 de mayo, pese a que Granada sigue en la fase 1.

"La sucesiva incorporación del personal se procederá a partir de esta semana sin que por la Delegación Provincial de Justicia de la Junta de Andalucía en Granada, se haya realizado como venimos reiterando,  una evaluación de los puestos de trabajo, sin que se haya previsión de la aplicación real y efectiva de las solicitudes de “teletrabajo”, sin que se haya realizado ni un solo test en la provincia de Granada a los funcionarios judiciales", indica el sindicato en una nota de prensa, en la que califica como "sangrante" el caso de los funcionarios de Registro Civil y Juzgado de Guardia, con "decenas de contagios de personal de Justicia por Coronavirus y se sigue desatendiendo la necesidad de extremar la limpieza y desinfección de los órganos judiciales".

Así, SPJ-USO critica "la desatención de los gestores de la Junta de Andalucía y la falta de respuesta ante el incumplimiento de las medidas de seguridad", además de "en distancia, falta de prevención y ausencia de certificación por técnicos en prevención de riesgos laborales de la Delegación de Justicia de Granada de los medidas adoptadas e idoneidad de las instalaciones para garantizar la reanudación de la actividad". Según el sindicato, esto supone una "condena a todos los que prestamos nuestras funciones y a los ciudadanos que han de acudir a las sedes judiciales a una exposición al riesgo de contagio inadmisible".

El sindicato indica que los juzgados de Familia "no reúnen las condiciones necesarias para la atención del ciudadano en cuanto se reanude la actividad a pleno rendimiento, así como del Juzgado de Primera instancia nº 5 con competencias en materia de Registro Civil donde en 40 metros cuadrados, con el mobiliario correspondiente hay 6 puestos de trabajo donde además, se ha de atender a los ciudadanos".

Ante esta situación, el sindicato añade que solicitó trasladar personal "a espacios vacíos del edificio Judicial de La Caleta". Por último, SPJ-USO advierte de que reanudar la actividad "conllevará a un aluvión de demandas de responsabilidad hacia la Administración en caso de contagio por desatender las peticiones y las medidas elementales para garantizar la seguridad e integridad de todos los usuarios de la justicia en Granada".