Que prácticamente nadie está conforme con la reforma laboral es un hecho. Ninguna de las dos partes afectadas -cierto es que por distintos motivos- ve con buenos ojos la nueva legislación, a la que tachan de insuficiente o de abusiva, según el caso. Los trabajadores y sus representantes sindicales (aquí no hay discrepancias, pese a que organizaciones como el CSI.F no secunden la movilización) asegura que la reforma les deje en una situación de indefensión frente a las empresas, que se encuentran con un despido más barato y menos rígido. Por su parte, los empresarios están convencidos de que esta reforma no traerá la flexibilidad que realmente necesitan para salir de la crisis.

Pese a la oposición a la reforma, es obvio que los empresarios no apoyan una huelga general que podría ocasionarles grandes pérdidas y que choca de forma frontal con los principios de la patronal. Pero los empresarios no son los únicos que se oponen a la convocatoria de huelga. La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI.F) también se ha desligado de la movilización, argumentando que los funcionarios, que ya protagonizaron un paro general en junio, no pueden afrontar un nuevo quebranto económico por una huelga que no se planteó cuando debía.

De todos modos, para quienes crean que la reforma laboral les queda lejana, tras dos años de crisis no es la única razón por la que los sindicatos quieren salir a la calle, aunque es cierto que resume bastante bien los temores de los trabajadores. Partiendo de que la reforma laboral "no servirá para crear empleo, no reducirá la temporalidad, facilita y abarata el despido al ampliar las causas para hacerlo más fácil, refuerza el poder empresarial para modificar unilateralmente las condiciones de trabajo, debilita la negociación colectiva y privatiza la gestión del desempleo", los sindicatos también se manifestarán por los recortes sociales y salariales y la reducción de la inversión pública, vital para salir de la crisis.