Granada

El juez del caso TG7 llama a declarar a seis altos cargos municipales

  • Entre los testigos, la exgerente de la Fundación Granada Educa

  • El actual director dijo que no había expediente del pago de 5.000 euros

La contratación de más de 800.000 euros en gastos extraordinarios a la empresa privada de la tele es investigada por el juez. La contratación de más de 800.000 euros en gastos extraordinarios a la empresa privada de la tele es investigada por el juez.

La contratación de más de 800.000 euros en gastos extraordinarios a la empresa privada de la tele es investigada por el juez. / g. h.

El juzgado que investiga el caso de las facturas supuestamente irregulares de la televisión municipal TG7 recibirá entre hoy y mañana la declaración de otros seis altos cargos municipales, que deberán acudir como testigos de la causa. Entre los citados se encuentra la que fue gerente de la Fundación Educa durante la etapa de gobierno del Partido Popular.

El director general de Contratación, Miguel Ángel R. C., y el secretario general del Ayuntamiento de la capital, Ildefonso C. N., que son dos de los principales cargos técnicos encargados de la supervisión y el control de la legalidad en las actuaciones de casi todas las áreas del Ayuntamiento, han sido citados hoy en calidad de testigos en el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada. Para mañana, está previsto que acudan también el que fue jefe de al Asesoría Jurídica del Ayuntamiento durante los gobiernos del popular José Torres Hurtado, Luis G. T., y otras dos letradas de estos servicios jurídicos.

Una de las abogadas municipales que testificará mañana es la responsable de un informe encargado por el actual equipo de gobierno sobre la gestión de la televisión. La letrada concluyó que se habían producido irregularidades en la contratación de los servicios extraordinarios de la televisión, pero que a su juicio no se habría dado delito alguno de prevaricación. De ahí que desaconsejara al Consistorio trasladar este asunto al ámbito de la justicia penal para ser investigado.

Ese informe ha quedado después en tela de juicio en varias ocasiones, pues la concejal de la oposición Marta Gutiérrez dio el paso de llevar el expediente a la Fiscalía y la representante del Ministerio Público elaboró una denuncia para el Juzgado que contradecía las tesis de esta abogada, al hallar indicios reiterados de varios hechos delictivos.

Después de esto, el Ayuntamiento dio el paso de personarse en la causa judicial de TG7 con otro informe previo realizado por el nuevo letrado jefe de la Asesoría Jurídica municipal, que también orientaba sus conclusiones hacia la posible concurrencia de delitos por parte de los anteriores responsables de la televisión municipal, en particular el concejal Juan Antonio Fuentes, que aún forma parte del grupo popular en la oposición. Este documento puso de relieve un dato importante y es que ese edil, que se encargó de suscribir un convenio para el encargo de más servicios de los inicialmente previstos para la televisión, carecía de competencias para contratar, dado que éstas habían recaído sólo unos días antes en la junta de gobierno y en el entonces concejal Sebastián Pérez.

La tercera persona citada por el juez de instrucción para mañana es Concepción M. S., que fue gerente de la Fundación Educa durante los años en los que se investigan las supuestas irregularidades en la gestión de las facturas de TG7. El vínculo con el caso viene dado porque este organismo municipal fue el encargado de abonar una de las facturas (de 5.000 euros) que servían para mermar la deuda del Ayuntamiento con la productora que le prestaba servicios extraordinarios.

El mes pasado fue llamado a declarar el actual gerente de la Fundación Granada Educa, quien reveló el nombre de su predecesora y explicó que no podía aclarar si ese dinero se había pagado por "servicios realmente prestados" porque "no encontró expediente alguno" relacionado con ese pago de 5.000 euros, según aparece en el acta judicial de la declaración a la que tuvo acceso Granada Hoy.

Concepción M. S., funcionaria del Ayuntamiento que fue en las listas del PP para la capital en 2011 y luego fue designada para gestionar el organismo encargado de las escuelas infantiles municipales hasta julio de 2016, podrá explicar, como ya lo hicieron los gerentes de Emasagra e Inagra, los detalles sobre los más de 300.000 euros que estas sociedades abonaron a CBM, la empresa contratista del Ayuntamiento que se encargaba de prestar servicios de grabación para la televisión.

En esta causa judicial hasta la fecha sólo han sido imputados el concejal del PP Juan Antonio Fuentes y la que fue directora de la televisión municipal, Cristina García. Ambos avalaron con sus firmas o sus informes la contratación para TG7 de más de 800.000 euros de gastos extraordinarios, de los que no tenían noticia los servicios de contabilidad e intervención municipales, según apunta la Fiscalía en sus primeros informes.

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