El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la pena de un año de cárcel impuesta a Gerardo M.G. y José Manuel de la Blanca, los dos miembros del tribunal de la oposición a bombero de 2003 que fueron condenados por filtrar a los aspirantes interinos preguntas de los exámenes para que obtuvieran las plazas.

La sentencia dictada por el Alto Tribunal, fechada el pasado 10 de diciembre, rechaza el recurso de casación que sólo Gerardo M.G. interpuso contra la resolución condenatoria de la Audiencia Provincial de Granada, que consideró a ambos autores de un delito de revelación de secretos cometido por funcionario público.

Además de la condena de un año de cárcel -la cual, en principio, podría ser suspendida al tratarse de una pena privativa de libertad inferior a dos años y carecer los condenados de antecedentes penales-, la Audiencia les impuso tres años de inhabilitación especial como bomberos funcionarios del Ayuntamiento de Granada. Ambos tendrán que pagar además al Consistorio la cantidad que se determine por los gastos de la celebración del ejercicio en el que se filtraron 21 preguntas.

José Manuel de la Blanca, el histórico sindicalista que participó en las irregularidades con el objetivo de denunciarlas, no recurrió el fallo al entender que la Audiencia avaló. Gerardo M.G. sí lo hizo por considerar vulnerados sus derechos a la presunción de inocencia y a un proceso público con todas las garantías. Sin embargo, para los magistrados del TS, "ninguna duda cabe acerca de la corrección de la pauta valorativa empleada por el tribunal de instancia (la Audiencia)".

La sentencia señala, en este sentido, que la autoría de Gerardo M.G. "tiene su apoyo, es cierto, en la declaración del coacusado José Manuel de la Blanca. Pero la veracidad de su testimonio está ampliamente corroborada por otros elementos de prueba externos y que descartan cualquier incógnita al respecto".

A juicio del Alto Tribunal, con la divulgación de las preguntas del examen del tercer ejercicio de la oposición, "el acusado -Gerardo M.G.- menoscabó de forma irreversible el derecho de todos los aspirantes al acceso a la función pública en condiciones de igualdad" y "frustró las expectativas del resto de los opositores".

Asimismo, "erosionó" la imagen del Ayuntamiento de Granada "extendiendo la idea de nepotismo en los procesos de selección de los funcionarios públicos llamados a integrarse en su plantilla".

La Audiencia condenó al recurrente y a De la Blanca en marzo del año pasado, tras repetirse el juicio por orden del TS, que anuló la primera vista porque no se había admitido una prueba testifical que podía ser importante para el desenlace del caso: el testimonio del ex alcalde José Moratalla.