El juicio contra los trabajadores de los vertederos por presunta convocatoria ilegal de huelga fue suspendido ayer y aplazado al próximo lunes por el tribunal al entender éste que la demanda de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) -empresa concesionaria del servicio de reciclaje de basura de la provincia- debe ir también dirigida contra el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos urbanos (Resur), dependiente de la Diputación de Granada.

La denuncia, dirigida inicialmente contra el comité de empresa de los vertederos y los sindicatos CCOO y la UGT, debe también ampliarse a Resur, que gestiona el servicio, como parte afectada, según explicó a los periodistas el letrado de los trabajadores.

La vista no llegó por tanto a celebrarse en la Sala de lo Social del TSJA, ante cuya sede se concentraron medio centenar de trabajadores, que afrontan desde ayer la cuarta semana de huelga.

"No sabemos qué intencionalidad puede tener esta decisión judicial porque, con el Estatuto de los Trabajadores en la mano, la convocatoria de huelga se sustancia entre los trabajadores y la empresa convocada", comentó el secretario provincial de UGT en Granada, Mariano Campos.

El representante sindical también anunció que el sindicato ha presentado dos denuncias ante la Fiscalía de Medio Ambiente y las delegaciones provinciales de Medio Ambiente y Salud para instar a los poderes públicos a "iniciar las actuaciones e investigaciones pertinentes sobre lo que podría ser un supuesto delito contra el medio ambiente y la salud pública", tras tres semanas sin que los residuos sean tratados.

Tras la suspensión del juicio, los trabajadores pidieron al delegado de Empleo, Luis Rubiales, que mediase en el conflicto en un encuentro improvisado. El representante de la Junta de Andalucía, por su parte, se comprometió a tratar de sentar de nuevo a negociar a la empresa y los trabajadores, quienes entienden no obstante que la reunión debería ser a tres bandas e incluir a la Diputación, que gestiona el servicio.

Horas después, Rubiales anunció que -tras mantener contactos con FCC- mantendrá hoy una reunión con la empresa concesionaria para buscar una "solución intermedia" al conflicto, aunque admitió que "se ve complicada". En este sentido, el delegado de Empleo pidió a la empresa que lleve al encuentro "la documentación oportuna" que permita "exponer con suficiencia cuáles son perspectivas de futuro, su posición" frente al conflicto.

La empresa argumenta su consideración de que la huelga es ilegal en cuestiones como que no se haya reunido previamente la comisión paritaria nacional del convenio, que es quien tiene las competencias para negociar sobre la exigencia planteada por los trabajadores.

Mientras, los trabajadores demandan la aplicación de la subida salarial acordada en el convenio para 2008, incremento que la empresa ya ha reconocido aunque se niega a aplicar mientras la Diputación no le dé garantías de que asumirá la repercusión de la subida.

La Diputación Provincial, que ha mediado en el conflicto, mantiene por su parte que se trata de un problema entre empresa y trabajadores que compete solucionar a ambas partes.

El presidente del comité de empresa, Antonio Jesús Jaime, manifestó ayer que si se solventa esa cuestión, el conflicto llegaría a su fin porque ya no hay discrepancias entre la empresa y los trabajadores en cuanto a la aplicación de la subida salarial.