Juan García Montero y José Torrente no son ciudadanos de a pie cuando se ponen ante un micrófono o dan una rueda de prensa. Son, respectivamente, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada y el portavoz del equipo de gobierno en la Diputación. Y en esas facetas se escudaron ayer para defenderse ante la jueza de Instrucción 2, que investiga si ambos pudieron calumniar a Paco Cuenca, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, al haberlo acusado públicamente de propiciar contrataciones irregulares para beneficiar a su pareja.

Los dos políticos del PP, que habían sido citados en calidad de querellados, circunscribieron todas sus manifestaciones "en el contexto político", y negaron haber tenido intención de dañar la imagen del socialista o atentar contra su dignidad.

"Yo creo que queda muy claro que si no fuera porque en el juzgado de Instrucción 6 de la capital se está investigando la supuesta trama de facturas falsas de Artefacto Gestión Cultural, que es la empresa del portavoz socialista, en relación con Mercamed, no estaríamos aquí haciendo declaraciones ni el portavoz de la Diputación ni yo", subrayó García Montero, al tiempo que se mostró convencido "de que las cosas se pondrán en su sitio" tanto en el juzgado que investiga aquella feria de Tetuán como el que los investiga a él y a Torrente.

En declaraciones a Granada Hoy tras su comparecencia judicial, el edil insistió en que las valoraciones que les han llevado ante la magistrada Ángeles Jiménez Muñoz "siempre han sido un análisis político" de las conclusiones a las que han llegado la Policía Judicial sobre el caso Tetuán y la propia Fiscalía Provincial.

"No es que hayamos hecho nada malo, sino que es nuestra obligación hacer una valoración política, porque entre otras cosas para eso nos pagan los ciudadanos y para eso tenemos la gran responsabilidad de representar nuestro partido político en las dos instituciones", agregó .

Para José Torrente, valorar políticamente aquello que se cree que no es ajustado a derecho es también parte del trabajo de los políticos: "El Gobierno de la Diputación tiene un portavoz, que soy yo, que tiene la responsabilidad encomendada por su presidente de transferir a la sociedad todas las cuestiones que tienen que ver con el día a día de la institución".

Torrente cree que las imputaciones de Paco Cuenca "son una cortina de humo", pues, a su juicio, quienes realmente tienen que dar explicaciones en los tribunales y a la opinión pública son "los imputados en un caso como el de la feria de Tetuán, donde hubo una gestión presuntamente fraudulenta de los fondos públicos".

En su opinión, lo que deberían de hacer el PSOE y Cuenca "es asumir los errores que hubo en la gestión del gobierno socialista y comunista que tuvo la Diputación y, a partir de ahí, empezar a rendir cuentas a la sociedad".

Al igual que el concejal, el portavoz de la institución provincial insistió en que cada vez que interviene como tal lo hace en el plano político. "Lo que no puede negar Paco Cuenca -añadió- es que su mujer, cuando él era delegado de Innovación tuvo trabajo en la propia Diputación".

La esposa de Cuenca, M.M.F., declaró a finales de junio como imputada ante el juez Miguel Ángel del Arco por haber diseñado su empresa un proyecto museístico el marco de la feria Mercamed, celebrada el año pasado en Tetuán e impulsada por el anterior gobierno de la Diputación con fondos europeos. Aquel proyecto no llegó a ejecutarse. La querella de Cuenca atribuye a los dos políticos presuntas calumnias por haber "menospreciado su fama y propiciar su descrédito ante su ámbito personal y de actividad profesional" .