Una vez le preguntaron a Van Morrison cómo podía explicar que, en sólo unos cuantos años, hubiera abrazado primero el cristianismo y después la cienciología, para finalmente declararse ateo. Huraño, enemigo de las entrevistas y hombre de pocas palabras, el músico irlandés se limitó a contestar esto: "He cambiado de opinión". Sin mover un músculo, sin darle más importancia. El periodista, claro, tuvo que cambiar de tercio. No había más que hablar del asunto.

Si un tránsfuga alegara ese mismo motivo - "he cambiado de opinión"- para justificar su actitud, probablemente su partido de origen no lo aceptaría con la misma resignación Habría más preguntas, con total seguridad. Conclusión: la política y la religión no se ajustan a las mismas pautas.

El caso de Antonio García Noguera, del que una comisión integrada por todos los partidos con representación parlamentaria ha dictaminado que es un tránsfuga, no constituye sino un capítulo más de un libro ya bastante abultado. Prácticamente desde que existe la democracia, existen también los tránsfugas. Puede que ya no se use tanto la expresión "cambiarse de chaqueta", que suena algo anticuada, pero en el fondo es lo mismo.

García Noguera fue elegido concejal por el PP en las elecciones de marzo. Era el único edil popular en una corporación de once componentes, cinco de los cuales eran del PSOE. A los socialistas les bastaba con un apoyo para lograr la mayoría absoluta y no consiguió pactar ni con los cuatro representantes del Grupo Independiente de Castril, ni con el único del PSA. Tampoco, teóricamente, con García Noguera, quien sin embargo, según sus propias palabras, alcanzó un acuerdo personal con el alcalde, Juan Mar, para "llevar el Ayuntamiento entre los dos". Él se ocuparía de la concejalía de Agricultura, gestionaría "proyectos importantes" en una zona con bastante tierra de regadío, y como compensación a su dedicación plena a esa tarea -aunque Mar dijo que era parcial- recibiría 14.000 euros al año.

El PP no aceptó ese trato, exigió su expulsión, habló de una "compra de voluntades" que los socialistas han negado una y otra vez y se terminó llevando el caso a la comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo. Ahora, García Noguera dice que está enfadado con el PP y que renunciará a su cargo, pero no a su acta. Y Juan Mar ya sugiere que el acuerdo tácito -con sueldo de por medio o sin él- puede mantenerse. "Es libre de hacer con sus votos lo que quiera", asegura.

La de Castril es una de las primeras irregularidades de este tipo que se detectan en la provincia después de los comicios de marzo. Y para calcular las que se han dado desde que se instauraron los ayuntamientos democráticos, harían falta los dedos de varias manos para contarlas.

El primer incidente se produjo en Albolote, donde María Angustias Fernández y Francisco Javier Navarro, de IU, se negaron a pactar con el PSOE pese a que así lo demandaba la asamblea local de su formación. Ésta tomó la decisión de expulsarles y desde entonces están en el grupo de no adscritos. Mientras tanto, gobierna el PP.

IU, en cambio, no hizo lo mismo con sus ediles díscolos de Pinos Puente y Fuente Vaqueros, porque las asambleas locales, en esos casos, vieron bien que no se llegara a un acuerdo electoral con los socialistas. En la primera de las dos localidades manda con el PP y junto a un grupo independiente, mientras que IU, apoyado por otra fuerza localista, conserva la Alcaldía de la segunda.

En Monachil, el Partido Andalucista exigió en octubre que Ángel Bustos, uno de sus dos concejales, entregara el acta, cosa a la que no accedió: un nuevo inquilino, por tanto, en el amplio mundo de los no adscritos. En ese caso, sin embargo, la cuestión no afectó a la gobernabilidad, en manos de una coalición PSOE-IU. Fue, más bien, la consecuencia de las discrepancias entre el mencionado concejal y su compañera Elisa Roldán.

Por último, al menos por ahora, está el caso de Las Gabias, donde el PSOE ostenta la mayoría absoluta y donde Ana María Gálvez, una de las representantes del PP, se pasó casi a las primeras de cambio al grupo de no adscritos. Sus ex compañeros la califican abiertamente de tránsfuga y no le perdonan lo que hizo el 27 de julio.

Ese día hubo un pleno en el que el gobierno local presentó para su aprobación el cambio a suelo urbano consolidado de tres parcelas, una de ellas propiedad de la concejal. La propuesta se habría aprobado de todas formas, pero Gálvez, en vez de abstenerse -lo más lógico, según el PP y el sentido común, ya que ese punto le afectaba personalmente- votó que sí. Era, añadieron los populares, el enésimo apoyo que le brindaba a un alcalde, Javier Aragón, que podía prescindir de él.