Granada

La UE no consentirá indemnizaciones millonarias a directivos

  • Los Veintisiete deciden elevar la garantía mínima de los depósitos de 20.000 a 50.000 euros

Los ministros de Economía de la UE (Ecofín) trataron ayer de enviar un doble mensaje de tranquilidad a los mercados y los ahorradores ante las actuales turbulencias. Por un lado, reiteraron que no dejarán que quiebre ningún banco que pueda arrastrar al resto del sistema. Y, por otro, decidieron aumentar la garantía mínima de los depósitos en caso de quiebra desde 20.000 a 50.000 euros, aunque la mayoría de países, entre ellos España, subirá hasta los 100.000.

"Nuestra prioridad es restaurar la confianza y el funcionamiento normalizado del sector financiero", señalaron los Veintisiete en las conclusiones del encuentro, en el que también pactaron unos principios básicos que deben respetar las operaciones de rescate de entidades en apuros.

Aunque no contemplan un escenario de derrumbes bancarios, los ministros decidieron elevar hasta un mínimo de 50.000 euros la cantidad que tiene derecho a recuperar el titular de una cuenta en caso de quiebra de su entidad. En principio, esta modificación es de aplicación temporal, durante un año, pero los ministros encargaron a la Comisión Europea (CE) que presente de manera "urgente" una propuesta para avanzar hacia la convergencia entre los sistemas de garantía de depósitos vigentes en cada país. Con esta medida y su aplicación inmediata, los ministros buscan atajar las distorsiones generadas por algunos estados miembros (Irlanda, Grecia, Suecia, Dinamarca, Alemania, Austria y Portugal) que han ofrecido garantía total de los depósitos en su territorio.

Los Veintisiete recalcaron que, para garantizar la estabilidad del sistema y proteger a los ahorradores, puede ser apropiado inyectar fondos públicos a las entidades con problemas, algo que ya han hecho el Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica y Holanda. Pero coincidieron en que estas operaciones deben respetar unos principios básicos para no perjudicar la competencia ni malgastar el dinero de los contribuyentes.

La asistencia pública ha de ser, en principio, temporal y no podrá implicar un subsidio para los accionistas de la compañía en el pago de los títulos. Asimismo, el Gobierno que se vea obligado a intervenir alguna entidad tendrá capacidad para cambiar al equipo directivo y también para decidir sobre su remuneración, para evitar la percepción de primas injustificadas por una gestión dudosa.

Lo que no lograron los Veintisiete fue un acuerdo para sacar adelante la norma sobre requisitos de solvencia de las aseguradoras. La propuesta contempla dar al supervisor del país donde la aseguradora tiene su sede la última palabra en decisiones clave, algo que rechazan España y varios países, que formaron una minoría de bloqueo.

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