La cimbra que se desplomó el 7 de noviembre de 2005 en el viaducto en construcción de la autovía A-7 no había sido sometida, según UGT, a los procesos de revisión y mantenimiento necesarios. Esa supuesta falta de celo y control propició su desplome, ocasionando la muerte a seis trabajadores, así como heridas a otros tres, unos trágicos hechos que podrían constituir seis homicidios imprudentes, tres delitos de lesiones imprudentes y otros nueve contra la seguridad e higiene en el trabajo.

Así lo cree UGT, que es parte acusadora en el procedimiento y ayer hizo público su escrito de conclusiones provisionales, en el que acusa a diez de las doce personas imputadas por el terrible siniestro, para las que solicita 52 años y medio de cárcel, 45 de inhabilitación para el ejercicio de sus respectivas profesiones y multa de 1,3 millones de euros.

La organización sindical deja fuera de su escrito de acusación a dos de los imputados en la causa: el jefe de Demarcación de Carreteras del Estado de Andalucía Oriental, dependiente del Ministerio de Fomento, Juan Francisco Martín Enciso, y el ingeniero director del Proyecto de Ejecución del tramo Herradura-Taramay de la A-7, Pablo Jiménez Barreda.

UGT, que solicita al órgano que ha instruido el caso -el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Almuñécar- la apertura de juicio oral, reclama además la clausura "con carácter definitivo" de las empresas usuaria y propietaria de la cimbra.

Dichas empresas son Estructuras y Montajes de Prefabricados S.L. y Puentes y Calzadas, Empresa Constructora. La primera fue subcontratada por la Unión Temporal de Empresas La Herradura, que era la contratista principal de la obra, "para el montaje, puesta en servicio, revisión y mantenimiento de la autocimbra". La segunda es la fabricante y propietaria de la cimbra que se desplomó. El promotor de la obra es el Ministerio de Fomento.

UGT entiende que el desplome en el Viaducto Río Verde "fue originado por no haberse producido los procesos de mantenimiento y revisión de la cimbra siniestrada, no habiéndose llevado a cabo los mismos ni por los técnicos de seguridad y salud del Ministerio de Fomento ni por nadie perteneciente a la UTE La Herradura". Tampoco, según añade, la empresa usuaria de la cimbra la revisó ni la propietaria elaboró un manual de instrucciones donde fijase "unas normas adecuadas en materia de mantenimiento y de uso".

En este contexto, recuerda que el desplome se produjo "en el marco trasero" de la cimbra, "ya que los tornillos utilizados eran inapropiados y no se emplearon contratuercas, apareciendo partido uno de los tornillos de unión del citado marco trasero". No hubo, según UGT, "revisiones de las uniones atornilladas", así como tampoco de las soldaduras.

La calificación de UGT fue dada a conocer por el secretario general de Metal, Construcción y Afines de UGT en Granada, Francisco Ruiz Ruano, en una rueda de prensa a la que también asistió el letrado del sindicato, Manuel Fernández. Éste precisó que será un juzgado de lo Penal el que enjuicie el siniestro y el que al final decida quiénes fueron responsables "ya no del desplome de la cimbra, sino de la falta de seguridad en la obra".

Por su parte, Ruiz Ruano recordó que la investigación judicial de la causa ha tardado 3 años en concluir, por lo que mostró su oposición a cualquier acción que pueda dilatar más el procedimiento. "No hay causas jurídicas, ni éticas ni morales que justifiquen más dilación", subrayó.