La delegada de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto, aseguró hoy que, tras revisar toda la documentación de las cuatro promotoras de las 455 VPO que exigían avales a sus inquilinos, que obtuvieron la vivienda por sorteo, ha podido comprobar que todo el procedimiento ha sido "legal", y que no ha habido "dejadez" ni por parte del Consistorio ni por parte de la Junta de Andalucía.

En rueda de prensa, Nieto explicó que en agosto de 2007, siendo el alcalde en funciones Eduardo Moral, se les exigió a las cuatro empresas que aportaran el contrato tipo de las viviendas para comprobar si éstos se ajustaban al pliego de condiciones, tomando así una "primera precaución" por si esos avales "no se ajustaban a la legalidad".

Después, tras obtener los documentos de las promotoras, se pudo comprobar que cada una de ellas anunciaba que se exigía una aval pero, según señaló Nieto, "como se sospechaba" que dicha cláusula no se había anunciado en el sorteo, el Ayuntamiento requirió, a través de la Junta de Gobierno Local, que las empresas no cobraran la fianza anunciada.

Sin embargo, a pesar de su requerimiento, el Consistorio sólo consiguió que las promotoras no pidieran aval por más de un año "y no hay constancia de que lo hayan pedido". Pero, de todas maneras, según la versión de Isabel Nieto, todas informaron a sus futuros inquilinos de que así se lo cobrarían.

Posteriormente, los beneficiarios en el citado sorteo no han podido disfrutar de esa vivienda porque no reunían los requisitos necesarios, ya que muchos no cumplían el empadronamiento, no tenían capacidad económica para pagar el alquiler, consideraban que el precio era muy alto, o creían que se trataba de viviendas sociales gratuitas, según explicó Nieto.

Así, la edil consideró que más que "falta de información" los beneficiados han tenido "exceso de información" ya que en el sorteo se les repartió un dossier con todas las exigencias para obtener la vivienda, que quizás "no fueron capaces de comprender".