José Rodríguez Salvador, conocido como el violador de Vall d'Hebrón, invocará un habeas corpus ante el juez para poder pedir su liberación de forma inmediata, al entender que su actual encarcelamiento es fruto de una detención ilegal.

El habeas corpus es un derecho del ciudadano que ha sido detenido a comparecer inmediata y públicamente ante un juez o tribunal para que decida sobre su ingreso en prisión.

Así lo anunció el abogado de Rodríguez Salvador, José Ángel Plaza Escudero, que afirmó que envió la petición ayer mismo la petición al juez de Granada, donde el pasado jueves se tramitó su ingreso en la prisión de Albolote.

Rodríguez Salvador fue arrestado el pasado jueves en su casa de Granada después de que la Audiencia de Barcelona ordenara su detención y reingreso en prisión, una vez que el Tribunal Supremo le notificó que había decidido aplicar la "doctrina Parot" a este preso para que acabara de cumplir íntegramente su condena.

Según Plaza Escudero, el "habeas corpus" servirá para que Rodríguez Salvador pueda exponer que fue detenido de forma ilegal puesto que aún no hay una resolución del Supremo en la que se notifique que se aplica la "doctrina Parot".

La Audiencia de Barcelona recibió el jueves un fax del Supremo en el que se le comunicaba que había quedado "sin efecto" el auto del 21 de septiembre de 2007 en el que se concedía la libertad definitiva a Rodríguez Salvador, quien rebajó, gracias a trabajos penitenciarios, la pena máxima de 20 años de cárcel y sólo cumplió 16.

El vicepresidente segundo de la Diputación de Granada, Julio Bernardo (IU), aseguró ayer que el expediente abierto a la empresa Segurisa, encargada de la vigilancia en las dependencias de esta administración, debe cerrarse con la "rápida" rescisión del contrato "porque no se puede mantener el servicio de una empresa que acosa laboralmente a sus trabajadores". Bernardo argumentó además que el presidente puede ampararse en cualquier auditoría para avalar esta decisión.

Bernardo recordó que en el pleno de junio ya planteó el asunto del despido improcedente de una trabajadoras, por lo que ahora "no se la puede acusar de dejadez ni por acción ni por omisión, porque fuimos los primeros que expusimos el caso y quienes investigamos las irregulares de la empresa" señaló, al tiempo que criticó la "actitud carroñera" del PP, que sólo intenta "sacar rédito político, cuando en ningún momento les ha interesado el despido de la trabajadora". El PP había reprochado a IU y al PSOE que no apoyaran la creación de una comisión de investigación del cao, algo que ahora los socialistas sí proponen.

Asimismo, afirmó que "existen irregularidades en la prestación del servicio por parte de Segurisa" entre los que citó el Plan de Seguridad, el retraso en la entrega de placa a los vigilantes o la tardanza en la designación del coordinador y del jefe de servicio. "No se hacen los reconocimientos médicos y el plan de Formación se ha cambiado", concluyó el vicepresidente.