Vamos Granada ha decidido retirarse del caso Nazarí como acusación popular. Según el escrito al que ha tenido acceso este periódico, la agrupación le comunicó el pasado 4 de octubre al Juzgado de Instrucción número 2 que lleva el caso su renuncia al ejercicio de la acción penal. Lo hizo a través de un escrito en el que se solicita al Juzgado que "nos tenga por desistidos al amparo de lo dispuesto en el artículo 2017 de la ley de Enjuiciamiento Criminal sin perjuicio de las acciones que en otros órdenes jurisdiccionales se pudieran interponer".

La formación, personada como acusación popular en otras tres causas por posibles delitos de corrupción en la gestión del Partido Popular y en un contencioso contra el actual gobierno del PSOE por la venta del Palacio de Santa Inés, ha renunciado a la acción penal en el Caso Nazarí debido a "la asfixia económica antidemocrática" de la que responsabilizan al alcalde del PSOE Paco Cuenca, con la complicidad del tránsfuga Luis de Haro. En palabras de su portavoz, Marta Gutiérrez, "estamos priorizando las causas donde nuestro equipo jurídico ha valorado indispensable nuestro papel".

El bloqueo limita nuestro derecho de representación y el de nuestros votantes"

Asimismo, Gutiérrez remarcó su confianza en las acusaciones que continúan en el caso y en el Ministerio Fiscal, y su intención de personarse de nuevo, si se revierte la situación de bloqueo que denuncian, y que enmarcan en lo que consideran actitud cómplice del PSOE con las prácticas del PP. "No han hecho nada por llevar a los juzgados irregularidades graves señaladas y descritas en informes de técnicos municipales, y que hayan bloqueado la asignación del único grupo que lo ha hecho no parece que sea casualidad" señaló.

La formación denunció la situación mediante una demanda por vulneración de derechos fundamentales que fue inadmitida recientemente, por considerar el juez que la falta de acceso a medios económicos o de personal no impide el ejercicio del derecho de representación, remitiendo a un recurso por vía ordinaria. "Respetamos la decisión del juez, pero, dado que los plazos de resolución por la vía ordinaria rondan los dos años, vemos que el bloqueo de la asignación sí limita nuestro derecho de representación, el de nuestros votantes, y la ciudadanía en general, ya que en las actuales circunstancias, la lucha contra la corrupción es un deber esencial de cualquier representante, es una tarea que sólo nuestra formación a través de nuestra concejal está llevando a cabo, y que debe hacerse ahora, no puede esperar", valoró el coportavoz del partido, Antonio Daponte.

Vamos Granada mostró su determinación en continuar con la lucha anticorrupción iniciada y para ello han abierto vías para realizar aportaciones económicas que se destinarán íntegramente a financiar al equipo jurídico dirigido por Carlos Castresana, el fiscal anticorrupción en excedencia que sentó en el banquillo a Pinochet y logró la condena de Jesús Gil. "Hasta ahora hemos optimizado los recursos de que disponíamos y hemos abierto una brecha gracias a la labor y la experiencia de Castresana. Ahora que nos han bloqueado esos recursos, ponemos el trabajo que hemos iniciado a disposición de la ciudadanía, para que cada granadino pueda defender el interés y el patrimonio público, que es el suyo y de todos, y lograr que se devuelva lo robado".