Granada

Vamos Granada se persona por los contratos fantasma de Emucesa

  • Marta Gutiérrez solicita al Ayuntamiento que también lo haga tanto en esta causa como en la Casa Ágreda o la tele municipal

La concejal de Vamos Granada Marta Gutiérrez.

La concejal de Vamos Granada Marta Gutiérrez. / g. h.

Vamos Granada se ha personado como acusación particular por los contratos fantasma de Emucesa. La concejal, Marta Gutiérrez, destacó ayer la importancia de ejercer la acción judicial hasta el final. "Si se han cometido ilegalidades no deben quedar impunes", afirmó la edil quien explicó que se trata de un caso "sangrante" pues atiende a un posible delito de malversación de caudales públicos donde se pagaron 300.000 euros que salían del bolsillo de los granadinos. Todo, para pagar a "cinco personas que no habrían aparecido por la empresa" tal y como recoge el informe del gerente.

La concejal, que presentó un escrito para que se incluya en el Orden del Día de la Comisión de Presidencia un punto para tratar y acordar la personación del Ayuntamiento como acusación en los casos de las facturas irregulares de TG7, de las contrataciones de Emucesa y de la venta de Casa Ágreda, procedimientos abiertos en la jurisdicción penal que afectan a los intereses públicos y de este Ayuntamiento, detalló que también lo han solicitado formalmente porque quien tiene que acordarlo es la Comisión de Presidencia.

Asimismo, la edil indicó que Vamos Granada se ha personado porque el procedimiento ya se ha iniciado; hay fijadas fechas para declaraciones. "Es un momento clave y vamos a estar ahí para defender el interés público, al menos mientras no lo haga el Ayuntamiento". Por último, recordó que este caso tiene "peculiaridades especiales" porque los dos consejeros que realizaron los contratos se han autodenunciado ante el juzgado, y sostienen que el informe del gerente de Emucesa está manipulado, pero no han dado ninguna explicación sobre cuál fue la labor que realizaron sus asesores y por qué nunca aparecieron por la empresa". Además, dijo que la responsabilidad penal no está prescrita porque para un delito de malversación de caudales públicos el plazo de prescripción es de diez años; la responsabilidad civil para el primero de los consejeros sí. "Hay que eliminar cualquier sombra de corrupción, además de recuperar el patrimonio perdido, malvendido o malversado que es propiedad de todos", puntualizó.

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