"En la provincia de Granada, la calidad del aire oscila, en general, entre buena y admisible, con excepciones puntuales relacionadas con la proximidad a grandes infraestructuras viarias o tráfico intenso o con la época estival".

A esa conclusión llega la Delegación de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Granada una vez finalizado su sexto año de sondeos para calibrar el nivel de contaminación atmosférica, un programa que comenzó a ejecutar en 2002 y que ya ha llegado a 64 municipios. A lo largo de 2007 se han realizado mediciones en 22 localidades.

La diputada provincial Pilar Peramos destacó ayer en rueda de prensa que en ninguna de esas 64 poblaciones escrutadas durante todo ese periodo se han observado circunstancias preocupantes, si bien admitió que en las zonas costeras y en periodo estival sí se ha notado un nivel de ozono superior a lo normal.

Uno de los técnicos de su departamento, Manuel Cañadillas, reconoció a su vez que si el estudio se hubiera realizado en la capital granadina, los resultados, probablemente, habrían sido muy distintos. "En Granada, la calidad del aire sería seguramente peor, porque hay más focos de emisiones y porque se produce más aglomeración de tráfico. De hecho, este último factor es el que, en verano, hace que suban los niveles", explicó.

Las mediciones se han llevado a cabo con la inestimable colaboración de una unidad móvil que se ha comportado como una especie de Gran Hermano mecánico, vigilante de la salud ecológica. Durante doce días, las 24 horas del día, ha estado escudriñando el aire y analizando los niveles de oxígeno, azufre, ozono, carbono y otras partículas potencialmente perjudiciales para la salud.

Pilar Peramos concretó que la unidad móvil no se ha situado específicamente en focos de emisión, como podría ser la chimenea de una fábrica, porque el objetivo era medir la inmisión, entendido esto como lo que el aire inspira. Los resultados en cada una de las ciudades estudiadas ya han sido transmitidos a sus respectivos ayuntamientos para que adopten, en su caso, las medidas correctoras correspondientes.

"Si esos estudios los hubieran encargado a una empresa privada, les habrían salido por unos seis mil euros cada uno de ellos", dijo la diputada, que avanzó que el próximo año volverán a hacerse mediciones, probablemente en más municipios que en este ejercicio.