Derecho para todos

Viaje hacia la deportación

  • Varias ONG como Granada Acoge denuncian que no se garantiza la higiene ni el derecho de los inmigrantes a un traductor, lo que dificulta el trabajo de los letrados de oficio que les atienden

La Unidad Militar de Emergencia finalizó el pasado sábado la instalación del nuevo CATE en el Puerto de Motril.

La Unidad Militar de Emergencia finalizó el pasado sábado la instalación del nuevo CATE en el Puerto de Motril. / a. f.

Ayer se puso en marcha la nueva carpa instalada por la Unidad Militar de Emergencias en el puerto de Motril para atender a los migrantes rescatados por Salvamento Marítimo frente a las costas de Granada. El Ejecutivo central pretende dar respuesta así al colapso de las instalaciones portuarias y liberar el polideportivo municipal utilizado hasta ahora como albergue. Los problemas logísticos están obligando a las autoridades a trabajar contra reloj, pero también se están traduciendo en una serie de prácticas que suponen la vulneración los derechos básicos de los recién llegados. Es lo que denuncia Sylvia Koniecki, coordinadora de Granada Acoge, una de las principales organizaciones no gubernamentales dedicada a la asistencia social y jurídica de los extranjeros en toda la provincia. "Sin ir más lejos, este verano estamos viendo cómo cientos de personas están desembarcando esposados a pesar de no existir una situación de violencia que lo justifique", señala.

El traslado con bridas en las muñecas al CATE, el centro de atención temporal, no es lo único que llama la atención de los que velan por los derechos de los migrantes. Las condiciones higiénicas de las estancias donde pasan sus primeras horas son también objeto de críticas. "Lo que más impresiona es el mal olor y el calor. Están encerrados en pequeños espacios sin la más mínima intimidad", asegura Miguel, un abogado del Turno de Oficio que tuvo que asistir recientemente a un "paterazo", como se conoce a estos procedimientos en el argot profesional.

Aunque el 60% de los inmigrantes son liberados, luego pueden volver a ser detenidos

La entrada irregular en territorio español supone la apertura de un expediente administrativo que justifica, legalmente, la privación de libertad de los supuestos infractores durante un plazo máximo de 72 horas. Como cualquier detenido, los extranjeros tienen derecho a un abogado y a un intérprete para que puedan hacer sus alegaciones. Asimismo, se les deberá prestar una protección especial en caso de ser solicitantes de asilo, víctimas de tráfico de personas o menores de edad. Esa es la teoría. Según explica el letrado, la práctica dista mucho de lo que marca la Ley. "Cuando yo llegué al puerto, mis clientes iban a pasar a disposición judicial. Les empezaron a llamar de diez en diez, sin que pudiera entrevistarme con ellos previamente. Fue agotador, porque algunos no hablaban francés ni inglés con fluidez y no había tiempo para escucharlos a todos de manera adecuada".

Las prisas y las declaraciones en masa provocan, en opinión de Sylvia Koniecki, que no se detecten los casos de personas vulnerables.

"Es muy normal que en los grupos haya víctimas de tráfico de trata junto a sus propios captores. Si no se les da la oportunidad de expresarse libremente no denunciarán por miedo a represalias". También hay que tener en cuenta la desinformación de aquellos que puedan estar siendo perseguidos por razones políticas o de pertenencia una raza o una religión determinadas, en los términos que establece el Convenio de Ginebra de 1951. "Hay veces que estas personas no saben ni a qué país han llegado, ni conocen las garantías que les asisten. Es necesario que alguien se las explique bien para que puedan beneficiarse de ellas".

Por otra parte, los menores de edad no acompañados deben ser tratados de forma diferenciada y solo podrán ser extraditados si es lo más beneficioso para sus intereses. En el supuesto de que las autoridades no puedan encontrar a sus padres, será la Administración la que deba encargarse de su tutela hasta los 18 años de edad. El problema está, según Koniecki, en que "estamos viendo una arbitrariedad absoluta en la determinación la fecha de nacimiento".

El procedimiento de expulsión termina con un auto motivado. Lo normal es que el juez acuerde el ingreso en un CIE de todos aquellos que no estén en un supuesto de especial protección internacional. La medida cautelar tiene una vigencia de 60 días y podrá ser recurrida dentro de un plazo 48 horas. "En mi caso particular decidí apelar por entender que no se respetaron los derechos fundamentales de los detenidos, ni se tuvo en cuenta el testimonio de varias personas procedentes de países en conflicto. La Audiencia me contestó un mes después confirmando la decisión del Juzgado Mixto de Motril. Es bastante frustrante", reconoce Miguel.

Los datos oficiales reflejan que la gran mayoría de las personas que son ingresadas en un Centro de Internamiento de Extranjeros (el 65,5%) acaba siendo puesta en libertad dos meses después. La coordinadora de Granada Acoge afirma que entre los principales motivos está la imposibilidad del Estado de averiguar la nacionalidad de los internos o la falta de un acuerdo bilateral de deportación con los países de origen. Pero salir a calle no los libra de ser detenidos ni deportados de nuevo. "Solo si demuestran que llevan al menos tres años en España y tienen arraigo social o familiar podrán comenzar su proceso de regularización". Será el fin del viaje para algunos. Otros volverán a empezar.

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