Los 42 años de vida de Rafaela Rueda Contreras dejaron de sumar el 1 de julio, cuando su ex marido, Juan Heredia, de 67 años, la atacó con una azada, golpeándola en la cabeza y en el cuello. El cuerpo de Rafaela se quedó tendido en la calle Real de Pinos Puente, mientras el que había sido su compañero durante 6 años se entregaba en el cuartel de la Guardia Civil.

La mayor sorpresa llegó al día siguiente, cuando se hizo pública una sentencia que absolvía al asesino de un delito de maltrato y amenazas por una denuncia que Rafaela había interpuesto justo un mes antes de su asesinato. El titular del juzgado de lo Penal nº 6 de Granada no creyó a la víctima, porque mientras declaraba ante el tribunal, Rafaela demostró "escasísima pasión" y "excesiva parquedad", según palabras del magistrado.

Según el juez, el "mínimo hematoma" de "sólo 1 centímetro" que presentó en el parte de lesiones no se correspondía con los "puñetazos en los costados y empujones" que Rafaela había referido en su querella. La mujer había declarado unos días antes de su muerte ante la Guardia Civil, asegurando que estaba "muy tranquila", que "su pareja no la había molestado" y que "no había incumplido la orden de alejamiento". Al menos no hasta el 1 de julio. La fiscalía presentó un recurso de apelación nada más conocerse la sentencia, pidiendo una condena por delito de maltrato, aunque Rafaela ya no esté para escuchar la sentencia.

Tampoco estará Fatiha el Khatiri, la otra mujer muerta a manos de su marido en Granada durante 2010. Fatiha era marroquí, tenía 37 años y residía en Alhama junto a su marido Mohamed, de 57, y sus tres hijos de 15, siete y cinco años. Al parecer, la pareja se encontraba en proceso de separación, pero no existía orden de alejamiento, ni denuncia por violencia. Fatiha había solicitado un empleo y una vivienda a través de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alhama y la semana antes de su muerte se la habían concedido. Fatiha contaba que su marido estaba "deprimido" y era ella la que se movía para mejorar la situación de la familia. El 11 de octubre, después de que los niños se hubiesen ido al colegio, Fatiha y Mohamed discutieron por una lavadora, porque ella quería llevarla a la casa nueva y él se negaba. Según declaró ante el juez, Mohamed "perdió los nervios" y la golpeó hasta matarla con la pata de hierro de una cama.

Fatiha nunca solicitó ayuda, pero Rafaela sí. Era usuaria del Servicio de Teleasistencia del Ministerio y estaba en trámites para solicitar ayudas económicas y asistencia psicológica que proporciona el Instituto Andaluz de la Mujer. Sin embargo, su asesino no tenía una pulsera con localizador GPS que los jueces pueden solicitar como medida preventiva. Granada es la segunda provincia andaluza con más dispositivos activos, frente a los 21 de Jaén o los 11 de Málaga. El problema con estas pulseras es que suponen un indudable recorte de derechos fundamentales, argumento al que recurren los jueces para justificar su escasa utilización. En toda España sólo se están utilizando 369 de las 3.000 disponibles. Sólo se aplican cuando el riesgo es alto o extremo, es decir, siempre que la mujer corre inminente peligro de muerte o de agresión brutal. En este caso, el juez que absolvió por maltrato a su ex marido no apreció ese riesgo.

Sin embargo, estas pulseras no son la solución. Pese a su escasa implantación desde que entrasen en vigor en agosto de 2009, deberían haber contribuido a reducir el número de mujeres fallecidas a manos de sus parejas. Pero no ha sido así. En el año 2010 han muerto 69 mujeres por violencia machista, 13 más que el total de el año pasado. Andalucía es la comunidad en la que más mujeres han fallecido por esta 16, entre ellas, las granadinas Rafaela y Fatiha.

Los datos de 2009 arrojaban algo de luz, ya que, pese a ser el año con un menor número de muertes por esta causa, 56 en toda España, sólo en Andalucía las fiscalías de Violencia de Género incoaron 38.227 procedimientos por este tipo de delitos, un 24,49% más que en 2008. Este aumento no supone un incremento de los casos, sino un mayor número de denuncias, como explicó la fiscal delegada de violencia contra la mujer en Andalucía, Flor de Torres.