No es la primera vez que lo piden y, seguramente, tampoco será la última. Grupos de la oposición como Ciudadanos, Izquierda Unida y Vamos Granada exigieron ayer una auditoría externa para poner luz a los distintos convenios urbanísticos que, gestionados durante la etapa de Torres Hurtado al frente del Ayuntamiento, han generado un pufo económico posterior. Sus declaraciones se producen después de que este periódico diera a conocer que el desbloqueo de Villa Pineda va a costar a la ciudad más de un millón de euros.

El portavoz de Cs, Manuel Olivares, lamentó ayer que, pese a que hubo un compromiso por parte del PP y del PSOE de hacer una auditoría externa, éste no se ha cumplido. En su opinión se deberían analizar los convenios desde el momento en que se inician los expedientes hasta que finalizan para depurar responsabilidades si es que las hubiera. Del mismo modo, Olivares criticó el intento de auditoría que está haciendo el PSOE que no ahonda en los acuerdos alcanzados en la anterior etapa del PP. A su juicio se debería haber hecho una auditoría externa, y no lo que se está haciendo: revisar convenios en las comisiones. "Hay que diferenciar la parte política de la técnica nosotros no debemos valorar los convenios el debate ilegal o legal no es nuestro". No obstante, el concejal se mostró a favor de la mediación con las familias, para desbloquear conflictos.

No se ha analizado en la auditoría porque este asunto ya ha pasado por el Juzgado"Miguel Ángel FernándezConcejal de Urbanismo

El portavoz de IU, Francisco Puentedura, también reclamó ayer esta auditoría y dijo que con Villa Pineda "nos encontramos ante un nuevo pufo de la gestión urbanística del PP ante la cual el PSOE no ha dicho nada". "Ya está bien de mirar para otro lado ante el daño que ha hecho la gestión urbanística del anterior equipo de Gobierno", dijo el concejal, quien se mostró partidario de establecer una auditoría de todos los procedimientos judiciales en investigación o en reclamaciones contra el Ayuntamiento que "no se están revisando y donde el PP dejó una situación de irregularidad absoluta que ahora se está volviendo en contra de los granadinos".

La concejal de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, afirmó que "si se ha causado perjuicio indebido al Ayuntamiento en la gestión se ha de dirimir la responsabilidad y responder de ella para restituir el perjuicio". Según agregó "quien tiene la capacidad es el equipo de Gobierno que, hasta ahora en otros casos, no ha tenido la voluntad, ni siquiera cuando ya era evidente que había responsabilidad, incluso penal". En este sentido, recordó que Vamos Granada ha actuado en vista de esta pasividad dedicando los recursos al grupo para emprender medidas judiciales. Sin embargo, ahora se ven incapaces de iniciar esta tarea pues "el alcalde ha congelado estos recursos".

El edil de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, destacó que el equipo de Gobierno no ha auditado este asunto pues considera que ya ha sido analizado por el Juzgado lo que originó, incluso, sentencias firmes. "Lo que había que hacer era darle cumplimiento a la sentencia", dijo el edil quien reconoció que al ser por lo contencioso no entra en profundidades.