Granada

Vivienda se alía con los municipios para reactivar el parque provincial

  • La Junta aprueba un programa de ayudas con la Diputación para revisar los planes de nueve ayuntamientos

Representantes de la Junta, junto al consejero de Fomento y al presidente de la Diputación, ayer durante la firma. Representantes de la Junta, junto al consejero de Fomento y al presidente de la Diputación, ayer durante la firma.

Representantes de la Junta, junto al consejero de Fomento y al presidente de la Diputación, ayer durante la firma. / g. h.

Tener una vivienda propia hoy en día, dada la situación económica vivida durante estos años, es algo que se presenta como un horizonte prácticamente inalcanzable para muchos. En numerosas ocasiones, incluso un alquiler puede ser una odisea, por lo que contar con políticas sociales en materia de vivienda se postula como una necesidad. En este sentido, la Junta de Andalucía ha impulsado unas subvenciones que, en colaboración con la Diputación, permitirán a nueve ayuntamientos granadinos redactar y revisar sus Planes Municipales de Vivienda.

Se trata de una inversión económica para toda Andalucía, que cuenta con el apoyo de las distintas diputaciones provinciales. Su partida asciende a 1,9 millones de euros, que serán repartidos según los habitantes que presente el municipio solicitante. Así, aquellas localidades que cuenten con una densidad de población de hasta 10.000 habitantes recibirán una partida de 1.000 euros; los municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes recibirán 5.000 euros; y aquellas poblaciones que superen los 20.000, recibirán 12.000 euros.

En total, hay 31 ayuntamientos andaluces que han solicitado dicha prestación, entre los que se encuentran nueve granadinos: Ogíjares, Salar, Loja, Las Gabias, Cádiar, Puebla de Don Fadrique, Fuente Vaqueros, Peligros y Baza. Estos municipios deberán redactar su Plan Municipal de Vivienda, que tendrá que contar con un análisis socio-demográfico general y un análisis de la necesidad de vivienda de la población (datos de las viviendas VPO, personas y colectivos en riesgo de exclusión, gente sin hogar o desahucios, entre otros), así como una descripción de la estructura e información urbana residencial, viviendas vacías o en desuso, y aquellos recursos de patrimonio municipal del Ayuntamiento.

Una vez analizado todo ello, el plan contendrá una programación temporal para las actuaciones y disponibilidad del suelo que sea necesario para atender a la demanda tanto de vivienda como de rehabilitación.

Para poner en marcha esta iniciativa, el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, firmó ayer un acuerdo con el presidente de la Diputación, José Entrena, ya que según expuso López "las políticas de vivienda deben ser una responsabilidad compartida entre todas las administraciones".

Asimismo, el consejero destacó que estos planes son "un instrumento valioso para hacer una radiografía sobre la situación de la vivienda en cada municipio, por lo que es necesario dotar a los consistorios de esta herramienta para recoger las necesidades de sus localidades".

Además, la provincia acaba de terminar la tramitación de la convocatoria de 2016, de ayudas para la rehabilitación de edificios residenciales, con la concesión de 349.119 euros. Esta cuantía se destinó a un total de 227 familias residentes en trece comunidades vecinales de cinco municipios granadinos, como son Almuñécar, Motril, Granada, Maracena y Baza.

En materia de vivienda también destaca la nueva línea de ayudas de la Junta para que aquellas familias mayores de 65 años, o que cuenten con algún miembro con movilidad reducida, puedan adecuar y adaptar la vivienda a sus necesidades.

Tal y como explicó Felipe López, "cambiar la tradicional bañera por un plato de ducha, mejorar la instalación eléctrica o de gas", son algunas de las adaptaciones que se podrán realizar a través de estas subvenciones, para las que se convocarán en torno a 2.150 ayudas, a través del Programa de Adecuación Funcional Básica.

Como máximo, las familias recibirán una cuantía de 2.000 euros, de los que 1.400 se destinarán a la ejecución material de los trabajos, y 600 a pagar los honorarios de la asistencia técnica.

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