Macarena Olona, diputada por Granada y secretaria general del Grupo Parlamentario Vox, ha registrado varias preguntas en el Congreso para conocer si el Gobierno va a articular medidas económicas de apoyo para los abogados y procuradores en ejercicio y sus colegios de profesionales en Granada.

El escrito ha sido presentado por la secretaria general del Grupo Parlamentario Vox a instancias de Onofre Miralles, portavoz de Vox en el Ayuntamiento granadino y abogado en ejercicio, para quien estos profesionales “denuncian que se encuentra en una situación de completo desamparado por parte del Gobierno de España", una muestra más de la "absoluta descoordinación entre los ministerios de PSOE y Podemos, más preocupados por las encuestas y los mensajes que proclaman en los medios de comunicación que en poner en marcha soluciones eficaces para combatir el coronavirus y sus consecuencias sanitarias y económicas".

Ante la evidente improvisación de las medidas adoptadas por Pedro Sánchez, la diputada de Vox por Granada, ha preguntado si el Gobierno va a amparar de alguna manera a los abogados y procuradores granadinos "sujetos a regímenes alternativos que soportan el pago de las Mutualidades y de las cuotas colegiales", y si "se puede establecer de algún modo la exención, suspensión o aplazamiento del pago".

Macarena Olona también ha adelantado que Vox presentará en sede parlamentaria esta misma batería de preguntas para que el Ejecutivo impulse medidas que ayuden a estos gremios en todas las provincias españolas.

En una nota de prensa, Vox dice que es consciente de que los daños colaterales del coronavirus los están sufriendo todos los sectores de la sociedad en su conjunto, aunque de momento y a través de los decretos lanzados por el Gobierno, diversas medidas de ayuda van a poder llegar a algunos colectivos para poder hacer frente a estos momentos de parálisis. Sin embargo, esto no sucede igual en todos los sectores, y únicamente se han mantenido los servicios esenciales de la Administración de Justicia. "Si bien a día de hoy se puede permitir a un abogado desarrollar su trabajo, lo cierto es que tal permisividad por el no establecimiento de restricciones no comulga con la actividad real de un abogado, ya que los plazos procesales y judiciales han sido suspendidos. No hay juicios, no hay procesos, en definitiva, un abogado no puede realmente ejercer su actividad, no por restricción directa sino indirecta. Así pues, la realidad es que los despachos de abogados se encuentran en estos momentos cerrados ya que no se pueden reunir con los clientes y que tampoco se están celebrando juicios, describe el escrito presentado por Macarena Olona.

Sin embargo, "a pesar de la paralización de la actividad judicial, los gastos de los abogados y procuradores y de los Colegios siguen siendo notables: los profesionales continúan pagando las cuotas del Colegios, al que estén adscritos, así como, en su caso, la cuota de la Mutualidad y/o el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Se tratan de costes obligados para ejercer la profesión. Además, hay que tener en cuenta que los letrados siguen teniendo que hacer frente igualmente al pago de los alquileres o hipotecas de sus despachos profesionales, además de los gastos ordinarios de servicios de los mismos", continúa el documento. "Esta situación sin duda pone de manifiesto, una desigualdad para aquellos trabajadores por cuenta propia acogidos al sistema de mutualidades de previsión social que también han visto mermada su capacidad económica del mismo modo que lo han visto los trabajadores amparados en el Régimen Especial de la Seguridad Social. Un hecho que sin duda no ha sido previsto por el Gobierno y que también merece amparo y atención debido a su importancia en nuestra sociedad", aclara. Ante esta situación, "los abogados y procuradores de Granada denuncian que el gremio tiene que seguir abonando estos gastos obligatorios para el ejercicio de su profesión, encontrándose su actividad limitada, no pudiendo ejercer su profesión en condiciones de normalidad y sin recibir ningún tipo de ayuda al encontrarse su función fuera del ámbito de ayudas que está proporcionando el Gobierno", denuncia Vox.