Municipal

Vox considera la Oficina de Smart City de Granada como la "oficina secreta" del alcalde

  • Denuncian que se haya puesto al frente a personal de confianza abierto a cobrar productividades

Vox considera la Oficina de Smart City de Granada como la "oficina secreta" del alcalde

Vox considera la Oficina de Smart City de Granada como la "oficina secreta" del alcalde / G. H.

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha alertado de que la creación de la Oficina de Smart City, Innovación y Fondos de Transformación vulnera los órganos de control del Ayuntamiento de Granada y es una muestra más de la arrogancia del alcalde la ciudad.

Mónica Rodríguez Gallego, concejal de Vox, ha explicado que la creación de la Oficina de Smart City “se hizo mediante decreto y a espaldas de la Comisión que estaba reglada para ello, tras quitarle las competencias al señor Olivares y dárselas al señor Huertas, un nuevo ejemplo de las cuotas de poder que se reserva el alcalde, utilizando a su antojo a los concejales de Ciudadanos”.

“Sin poner en duda la posible utilidad de esta Oficina, debería haber sido la Comisión la encargada de acordar -en coordinación con los Grupos Políticos- la designación por capacidades y méritos de las personas que van a formar parte de ella. Todo lo contrario, han sido designados el Jefe del Gabinete de Alcaldía o la Jefa de Comunicación, que no cuentan con experiencia alguna en la materia”, ha detallado Mónica Rodríguez Gallego.

Para la concejal de Vox, “este decreto dictatorial ni siquiera se establece un calendario de trabajo ni especifican las competencias, lo deja todo en el aire y nada se sabe de qué peso tiene las decisiones que adopta esta Oficina Secreta de Luis salvador”.

“Lo más grave es que el decreto abre la posibilidad de que el personal que forma parte de la misma cobre por actividades, lo que es totalmente inadmisible teniendo en cuenta la situación de ajuste de personal. Es decir, que estamos ante una Oficina que cuenta con el personal de confianza del alcalde y con la puerta abierta a cobrar productividades, algo que podría considerarse como una compra de favores. Por ello, pedimos que se derogue este decreto al estar claro que es una manifestación del abuso de poder del alcalde y del secretismo con que se hacen las cosas”, ha concluido la concejal.

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