El Grupo Municipal de Vox y el USPLBE-SITAG, sindicato mayoritario en el Ayuntamiento de Granada, han anunciado hoy una propuesta "para el reparto justo y legal de la productividad entre todos los funcionarios incluidos en el decreto de mínimos que trabajaron durante el periodo de confinamiento decretado en el estado de alarma".

"En la comisión informativa de Economía se nos mintió diciendo que era una partida finalista que sólo se podía invertir en la productividad, algo que es totalmente incierto y pediremos al interventor municipal que lo aclare antes de iniciar el debate sobre este asunto en el Pleno de noviembre, para que los grupos políticos se posicionen sobre el destino del dinero de todos los granadinos y que podría haberse destinado a ayudas sociales, a los autónomos y a cualquier otro fin. Pero si se tiene que repartir entre los funcionarios, únicamente consentiremos que se reparta de forma legal en base a criterios objetivos y evaluables, y esto sería solo posible haciéndolo entre los que realmente estuvieron al pie del cañón durante las semanas más duras del estado de alarma, combatiendo la pandemia del COVID19. Vox os aplaudía entonces y os aplaude ahora”, ha manifestado Onofre Miralles, portavoz del Grupo Municipal de Vox.

Según el grupo municipal, "esta productividad, tal y como la plantea el equipo de gobierno, es ilegal por ser lineal, y por ello proponemos un reparto entre los funcionarios de los servicios esenciales como son la Policía Local, los Bomberos, los servicios sociales, conductores, informáticos y otros muchos trabajadores municipales sujetos a las actividades reseñadas en el decreto de servicios mínimos que estableció el propio Ayuntamiento de Granada", ha explicado el portavoz, que ha comparecido ante los medios junto a José Navarro, secretario general del Sindicato Independiente de Policía Local de Granada (SIPLG).

Sobre los plazos de aplicación de este decreto de productividad, Onofre Miralles ha aclarado que "la tramitación de un expediente de crédito extraordinario conllevaría, después de la aprobación por el Pleno de noviembre, la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y un plazo de 15 días de alegaciones, algo que Vox ya ha anunciado que hará ante este atropello del equipo de gobierno, si no se hace un reparto sensato de la productividad. A la vista la crisis actual a la que nos enfrentamos es una falta de respeto a los funcionarios que trabajaron de forma exhaustiva durante el confinamiento y corriendo un peligro real de contagio".