El grupo municipal de Vox ha presentado una Moción de Urgencia para que el Ayuntamiento de Granada suspenda cualquier ayuda o subvención a sindicatos, organizaciones empresariales, fundaciones,  asociaciones, o entidades privadas cuyo proyecto, actividad, programa o actuación no tengan por objeto ayudar a los afectados por el coronavirus o la creación de empleo, para dedicar estas partidas presupuestarias a paliar las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia en nuestra ciudad.

Ante la situación excepcional que afronta nuestro país, Onofre Miralles, portavoz del grupo municipal de Vox, ha considerado conveniente que “los grupos municipales de los ayuntamientos puedan también destinar sus esfuerzos y recursos en solucionar la crisis sanitaria y económica que asola nuestra nación, siempre que con ello no se perjudique el empleo”, y “excepcionalmente también se debe poder destinar estas subvenciones a la lucha contra el coronavirus y sus fatales consecuencias”.

Por ello, la moción propone que el Ayuntamiento granadino "autorice a que, excepcionalmente y por el tiempo que dure la declaración del Estado de Alarma, los Grupos políticos puedan, sin perjudicar al empleo, destinar íntegra o parcialmente la dotación económica establecida legalmente a su favor a cualesquiera asociaciones de afectados por el coronavirus o proyectos sociales de ayuda a los afectados por el coronavirus, lo cual deberá acreditarse documentalmente en forma", ha afirmado Onofre Miralles.

El portavoz del grupo municipal de VOX ha explicado que España atraviesa una crisis sin precedentes en la historia reciente “que se ha cobrado miles de vidas y mantiene a todas las familias españolas confinadas en casa y a las empresas cerradas y sin poder sacar adelante sus negocios. La crisis sanitaria del COVID-19 está desembocando en un drama económico para gran parte de los españoles. La parálisis económica derivada de las medidas impuestas por el gobierno está diezmando los ingresos en los hogares y aumentando las cifras de paro. En consecuencia, además del gran reto que supone vencer al problema sanitario del coronavirus, todos los índices económicos advierten de la crisis económica que se avecina y que golpeará a los españoles, en muchos casos, con tanta dureza como el propio virus”. En este contexto, para Onofre Miralles “el deber de las Administraciones Públicas es volcar todos sus esfuerzos y recursos disponibles para enfrentar la mayor crisis sanitaria y económica a la que España se ha enfrentado en este siglo, adoptando medidas urgentes de reasignación de los fondos públicos a las necesidades perentorias de esta emergencia nacional”.

El artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, establece en su segundo párrafo lo siguiente: “El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.” “En un momento en el que tenemos la imperiosa necesidad de garantizar la vida, la libertad y el empleo de todos los españoles, las corporaciones municipales deben poner todos los medios de los que disponen para lograr esta meta y, entre ellos, servirse, en virtud de la ya citada ley, de los bienes materiales de que dispone para garantizar los intereses de todos”, ha concluido Miralles.