Desde el Colegio de Abogados de Granada han anunciado paros e inactividad procesal si el Ministerio de Justicia no deroga "de forma inmediata" el Real Decreto de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, el cual declara hábil parte del mes de agosto, entre otras cuestiones.

El Colegio de Abogados en Granada, en sesión de Junta de Gobierno, ha acordado una serie de medidas y actuaciones en contra de la reciente aprobación de este Real Decreto por entender que se ha legislado "de espaldas y contra los intereses de los profesionales de la abogacía".

En caso de que no se derogue, o se modifique en los términos que ya tiene interesados la Abogacía, el colegio granadino anuncia paros e inactividad procesal por parte de los letrados.

El colectivo rechaza en una nota de prensa la gran mayoría de las medidas recogidas en el mencionado texto, con especial referencia a la habilitación del mes de agosto, en lo que consideran "una evidente falta de respeto y ataque frontal a la abogacía".

Recalcan que los "problemas endémicos" de la Administración de Justicia, "que van mucho más allá de los generados por esta situación de alarma, no van a solucionarse desde luego por habilitar 15 días en el mes de agosto".

Mucho más si se tiene en cuenta que durante ese periodo todos los funcionarios de los juzgados y tribunales "podrán disfrutar de sus vacaciones anuales, de tal forma que esa circunstancia dará lugar a la imposibilidad de celebración de la mayoría de juicios y demás actuaciones procesales, lo que en la práctica convierte en papel mojado lo señalado en el decreto", advierten.

Por ello, compelen al ministerio para que disponga que todos los operadores jurídicos, incluidos lógicamente los funcionarios de los juzgados, disfruten de sus vacaciones obligatoriamente en el próximo mes de agosto; debiendo señalarse juicios y demás actuaciones procesales hasta el mismo 31 de julio y desde el 1 de septiembre.

Junto a la solicitud de derogación, el colegio también reclama el establecimiento y dotación a los Juzgados de los medios técnicos e informáticos suficientes para poder realizar la mayoría de actos procesales por videoconferencias, evitando así la presencia física de los abogados.

La Abogacía granadina también exige, en cualquier caso, la existencia de mamparas protectoras que cumplan con la normativa vigente en cuanto a estándares de protección a los usuarios una vez que reabran los juzgados, rechazando la implantación de plásticos o similares; reclamando igualmente la limpieza y desinfección de todos los elementos del juzgado (sillas, micrófonos, mesas, etc.) tras cada intervención.

También, que se garantice el distanciamiento de seguridad adecuado dentro de las salas de vistas y en los espacios en que tengan lugar las esperas.

En caso contrario, según detallan los abogados granadinos en su comunicado, se negarán a intervenir en cualquier actuación procesal, insistiendo en que, de no darse cumplimiento a estas elementales exigencias, el Colegio de Abogados de Granada propondrá las medidas de fuerza que sean necesarias al objeto de conseguir las justas reivindicaciones expuestas.