Prohibido quedarse a solas mucho tiempo con un menor -por ejemplo, en la sacristía- con la puerta cerrada. Prohibido pedir a un niño que guarde un secreto. Prohibido entrar en vestuarios, baños o duchas si no es acompañado de otro adulto. Prohibido subir a un menor a solas en un coche. Garantizar a los condenados por abusos el “apoyo adecuado para la rehabilitación psicológica y espiritual”. El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, ha hecho público un protocolo de prevención y actuación frente a eventuales abusos sexuales a menores y personas vulnerables en el seno de la Iglesia. El documento estará en vigor al menos tres años y establece tanto qué hacer en caso de ser conocedor de una situación a abuso como la descripción de las distintas situaciones que se quieren prevenir. También se perfilan los castigos.

El documento se establece “en comunión y sintonía” con lo establecido por el papa Francisco para evitar situaciones de abuso. Traslada a la Archidiócesis de Granada la normativa establecida en la Santa Sede y la Conferencia Episcopal, con el fin, según explica el propio arzobispo en el decreto que establece la vigencia del protocolo, de tomar “con absoluta seriedad los pasos destinados a erradicar este crimen y a curar o aliviar las heridas que siempre produce en las personas. El texto “permanece abierto” a los cambios normativos que puedan darse. Martínez aclara que el protocolo “tiene carácter vinculante para todos aquellos que tengan cualquier tipo de responsabilidad personal o institucional en el trato con menores o personas vulnerables en los entes canónicos dependientes de la Archidiócesis de Granada.

La elaboración del protocolo llega un año después de que el papa invitara a los obispos a “elaborar parámetros, con valor de normas, y no sólo orientaciones” para luchar contra los abusos sexuales. El documento elaborado en Granada “quiere ser una guía para actuar adecuadamente” no sólo ante una denuncia. También cuando se realice una revelación o haya una “fundada sospecha” de abuso sexual “sabiendo qué hay que hacer con la víctima y con el presunto abusador” y para prevenir “situaciones de conflicto”.

Entre las finalidades del texto está “vivir una leal colaboración” con las autoridades “competentes”. También “garantizar a los acusados el derecho a un juicio justo e imparcial”. Otra de las finalidades es “garantizar que la persona condenada por haber abusado” sea “removida de sus deberes y que, al mismo tiempo, se le ofrezca un apoyo adecuado para la rehabilitación psicológica y espiritual”. También se pretende “hacer todo lo posible para rehabilitar la buena reputación de los acusados injustamente”.

El Arzobispado se pone deberes. Entre ellos está la creación de una comisión diocesana de protección de menores y personas vulnerables. También establecer en entrevistas personales qué motivaciones o intereses tienen quienes quieren trabajar con menores. Además, el arzobispo crea una oficina para recibir posibles denuncias por abusos sexuales a menores. Esta oficina se encuentra en la sede del Arzobispado. También se abre la posibilidad de remitir denuncias por teléfono (958 21 63 23) o correo electrónico (arzobispado@archidiocesisgranada.es).

Uno de los puntos en los que se incide en el citado protocolo es la prevención del abuso. Para ello, se apunta directamente a la “selección del personal y de los colaboradores”. Se solicitará el certificado negativo del Registro Central de delincuentes sexuales –algo que ya se solicita a todo aquel que quiera trabajar con menores, desde docentes o monitores a sanitarios– y además “todos los sacerdotes y laicos firmarán voluntariamente un documento de responsabilidad personal” en el que deben señalar el “rechazo personal” a todo tipo de abuso sexual.

Se establece del mismo modo el “compromiso” para participar en temas de formación sobre abusos y sus consecuencias, que se impartirá “por expertos”. A estos cursos se invita a sacerdotes, profesores laicos, catequistas, monitores y animadores de jóvenes. También se ofrecerán a padres de colegios diocesanos y religiosos y a padres de niños de catequesis.

Al amparo de este protocolo se establece una comisión especializada multidisciplinar de “sacerdotes, consagrados y laicos” así como “profesionales en diversos campos psicológico, legal y de comunicación”.

Dentro del mismo campo de la prevención se indica la necesidad de capacitar y formar a “todas las personas que prestan un servicio pastoral” a “distinguir los signos” de un posible caso y aprender su abordaje. Para ello se establece que “es necesario preparar a un número suficiente de agentes de pastoral en programas específicos” para abordar casos de abuso sexual y protección de menores.

En el apartado dedicado a la detección “por indicios” de un posible caso, se señala la conveniencia de que sea un “profesional preparado” para entrevistar al menor. Reconoce que hay signos o indicadores evidentes, como el embarazo o dolor en la zona genital, y otros indicadores de comportamiento: cambios en las conducta, lenguajes sexualizados, secretismo o exhibición de regalos, entre otros.

También en la revelación se establece que se puede realizar por la vía indirecta (mediante dibujos, preguntas o colocando en el tema a un tercero) o directa, que reconoce como “relativamente infrecuente”. “La revelación nos enfrenta crudamente a la realidad del menor y es insoslayable”. Sobre qué hacer, se pide “dar apoyo”, “ser sensible” y no juzgar. Tampoco al abusador, “al que hay que referirse como una persona que necesita ayuda”. Es el “personal especializado” el que debe valorar el relato.

Tras conocer el testimonio de una posible víctima, se pide que “sin perjuicio del sigilo sacramental” animar al menor o a la persona vulnerable a informar inmediatamente a sus padres, o hacerlo ellos mismos “sin dilación”. También se reclama “confidencialidad” y no hacer “ningún tipo de difusión, ni pública ni privada” de lo conocido.

“Si el presunto autor de los hechos es un clérigo o miembro de un instituto de vida consagrada o de una sociedad de vida apostólica, al recibirse la noticia, debe comunicarse sin demora al propio ordinario o al superior, iniciándose el protocolo de actuación para el caso de los clérigos”.

Además de establecer estas pautas, el protocolo fija un código de buenas prácticas “para ambientes sanos y seguros en la Iglesia”. En este código se pide “usar la prudencia y el respeto” a la hora de realizar muestras “físicas de afecto” y “ser siempre visibles para los demás en presencia de menores y personas vulnerables”. En este sentido, se prohíbe “infligir castigos”, tener una relación “preferencial” con un menor, juegos que puedan tener una “connotación sexual”, las novatadas, pedir a un niño que guarde un secreto o “ponerse en situación de riesgo o claramente ambigua”. Aquí establece que “una buena sugerencia es que haya puertas de cristales transparentes” en los despachos.