Tres de las seis personas que se sentaron ayer en el banquillo de los acusados por la presunta ocupación ilegal de la archiconocida Casa del Aire del Albaicín negaron ayer ante la jueza de Penal 2 que vivieran allí, mientras que los tres restantes, una pareja con certificado de convivencia y un joven historiador, declararon ser inquilinos con contrato, aunque verbal en el caso del último.

Durante el juicio, que quedó visto para sentencia después de que la Fiscalía mantuviera los cargos contra todos por usurpación de vivienda, ninguno de los seis acusados quiso contestar a las preguntas de la acusación particular. Ésta la ejerce la inmobiliaria propietaria del inmueble, la mercantil Erivara, cuyos representantes negaron que pretendan derribar el inmueble, así como haber acosado a sus moradores legales tras comprarlo a Arrendamientos Puerta Elvira en 2004.

En la sala no cabía un alfiler. De hecho, la magistrada tuvo que pedir al inicio de la vista que las personas que no habían encontrado sitio en las bancas desalojaran la sala. Entre el nutrido público había algunos miembros del movimiento Stop Desahucios del 15-M, mientras que fuera del edificio judicial de la Caleta, en las escalinatas exteriores, una treintena de personas exhibieron pancartas en apoyo de los procesados, corearon consignas contra la especulación y exigieron que el desenlace del caso sea la absolución.

El primero de los acusados en declarar fue Juan R., un antropólogo que justificó su presencia en el inmueble el día del desalojo en que, por su condición y pertenencia a un grupo de investigación denominado La Corrala, hacía las veces de asesor en Urbanismo de sus inquilinos. "Asesoraba técnicamente en determinadas cuestiones", aseguró, indicando que se encargaba de la llevanza de toda la documentación administrativa existente sobre el edificio relacionada con la petición de su catalogación, la cual se guardaba en el sótano, donde había una especie "de trastero", en el que los vecinos apilaban además muebles y otros enseres.

Este acusado, de origen gallego, afirmó que pasaba temporadas en su tierra y otras en Granada, y que en el momento de los hechos estaba parando en un piso del centro en el que también vivía de alquiler Javier D., otro de los procesados. Éste también negó que residiera en la Casa del Aire y su versión fue confirmada por un testigo que se identificó como su compañero de piso.

Javier D. aclaró que estaba en el inmueble el día del desalojo porque había acudido por motivos profesionales a ver a Oliver F., el joven historiador. Éste aseveró por su parte que vivía desde hacía diez años en la casa, los últimos con "un contrato verbal" alcanzado con el antiguo dueño del edificio.

"El contrato redactado no se ha refrendado nunca porque el anterior propietario vendió el inmueble", manifestó Oliver F., quien afirmó haber tratado de regularizar su situación sin éxito con los nuevos propietarios e intentado consignar en el juzgado el dinero de los pagos del alquiler "rechazados" por Edivara.

Con él, el día del desalojo, se encontraba desayunando María José M., otra de las acusadas, que también negó estar viviendo como okupa allí. Es más, la joven aseguró que habitaba en un inmueble cercano a la Casa del Aire y que esa noche la pasó allí porque había entablado amistad con Oliver.

Por último, Luis G. y Clara M., los dos procesados restantes explicaron a la jueza que vivían allí legalmente desde hacía más de 20 años. El contrato estaba a nombre de Luis, mientras que Clara contaba con un certificado de convivencia por el que evitó ser expulsada el día del desalojo.

Actualmente, ninguno de los dos mora ya en la Casa del Aire, pues el contrato se extinguió y se les desahució judicialmente. Clara M. negó además ser la promotora de las movilizaciones en defensa de la Casa del Aire. "Sólo he denunciado en todos los medios que he tenido a mi alcance la situación que hemos vivido en mi casa y en el barrio", dijo, lamentando la "política de destrucción" que a su juicio está sufriendo el Albaicín. "Toda mi voluntad y la de los vecinos -agregó- ha sido mantener el edificio en pie, pues la inmobiliaria quería declararlo en ruina".

Por su parte, el propietario de Edivara señaló que la mercantil adquirió el edificio, que cuenta con doce viviendas, con el propósito de "rehabilitarlo" y "hacer apartamentos" y no de derribarlo. Cuando se produjo la compra, según detalló, había cinco inquilinos legales y con dos de ellos se llegó a un acuerdo económico para que se fueran. El resto de habitantes "eran todos ilegales", sentenció, al tiempo que se quejó de las "pintadas por toda la ciudad" que se han realizado en contra de su empresa, así como de los actos de protesta celebrados frente a sus oficinas.

La inversión en la Casa del Aire ha supuesto para Edivara un importante quebranto económico, pues aún hoy, según señaló la empresa, no tiene plena disposición del edificio para poder llevar a cabo sus objetivos inmobiliarios.Y es que en la Casa del Aire del Albaicín, sigue viviendo Manuel P. como inquilino, que ayer declaró como testigo de la defensa y ratificó que Luis, Clara y Oliver eran sus vecinos. También refrendó la versión del antropólogo.

Tras la vista, la acusación particular que ejerce Edivara retiró los cargos contra Luis, pero los mantuvo para los demás y siguió pidiendo la misma pena (dos años y tres meses de prisión a cada uno) por los delitos que les atribuía, entre ellos usurpación. Así lo indicó a este diario Enmanuel Chamorro, portavoz de los encausados, que afirmó asimismo que la Fiscalía, que pedía 4 meses de prisión para cada uno de ellos, mantuvo los cargos.