El 22 de julio, a las 9 de la mañana. Ése día, el alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), tendrá que atravesar la entrada del edificio judicial de la Caleta para ser interrogado, en calidad de imputado, por presunta prevaricación en una de las actuaciones urbanísticas de su Gobierno: la venta de unos terrenos de uso comercial del Plan Parcial del Cerrillo de Maracena, operación en la que la ciudad habría perdido al final un millón de euros.

Será el juez de Instrucción número 1 de Granada, Basilio García, quien reciba en sus dependencias al primer edil de la ciudad, que se ha visto inmerso en este proceso penal -el segundo abierto en los juzgados por decisiones urbanísticas relacionadas con el Plan parcial del Palacio de Hielo- a raíz de la querella que los ocho concejales socialistas del Ayuntamiento granadino presentaron el 5 de octubre del año pasado.

Además del alcalde, el magistrado ha citado a declarar el mismo día, a las 10.00 horas, al empresario José Julián Romero, por su participación en aquella operación urbanística, mientras que ha fijado los días 23 y 24 para interrogar al resto de querellados, que son otro constructor y dos representantes de una entidad bancaria. A uno de ellos se le deberá tomar declaración por exhorto en Madrid.

Los socialistas consideran que en aquella operación pudieron cometerse delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho. Y así lo plasmaron en su querella, que ha sido admitida a trámite en el mismo auto en el que el juez García cita al alcalde y al resto como imputados. La admisión se ha retrasado tanto por un asunto de fianzas. Según explicaron fuentes del Grupo Municipal PSOE, que ya ejerce formalmente la acusación popular en la causa, el juez, tras recibir la querella, había impuesto a cada concejal una fianza de 3.000 euros para poder personarse en el proceso, una cantidad -en total 24.000 euros- que los ediles consideraron desproporcionada  y que recurrieron en su día ante la Audiencia de Granada.  Así, hasta que el tribunal de Plaza Nueva no se ha pronunciado y ha dado la razón a los concejales, la causa ha estado "parada", precisaron las fuentes, al tiempo que señalaron que la fianza que finalmente han depositado los socialistas para poder ejercer la acción penal contra Torres Hurtado habría ascendido a 6.000 euros.

Fue en el año 2005 cuando el Ayuntamiento firmó el convenio urbanístico que lleva ahora al alcalde ante el juez. El acuerdo fue cerrado con varios promotores (José Julián Consulting, Alcomarex y Caja Rural) para desarrollar las referidas parcelas situadas en el Cerrillo de Maracena.

El Ayuntamiento vendió a los promotores el 10% de los aprovechamientos (terrenos de uso terciario) por más de 14 millones de euros, de los que recaudó siete millones, quedando otros siete (ocho con intereses incluidos) pendientes de cobro.

El Ayuntamiento nunca llegó a cobrar ese dinero líquido, pese a que podía haberlo hecho ya que inició un expediente de embargo para reclamar el dinero. Finalmente no lo ejecutó y llegó a un acuerdo con los promotores para que el dinero se pagara en suelo.

Para ello se firmó un acuerdo privado por el que el Ayuntamiento se convirtió en el propietario del 14,5% del total de una parcela de uso comercial que, según los socialistas estaba valorada en siete millones, frente a los ocho que los promotores tenían pendientes de pago. Los socialistas se preguntan, entre otras cuestiones, por qué accedió el municipio a cobrar una deuda en especie a través de una parcela de uso terciario en plena crisis inmobiliaria, así como por qué se cobra una deuda de ocho millones permutando una parcela que vale un millón menos.

Además de fijar las fechas de las distintas declaraciones, en su auto, dictado el 26 de junio y al que ha tenido acceso Granada Hoy, el  juez ha pedido toda la documentación relacionada con aquella venta: desde el acuerdo  inicial firmado (Convenio Urbanístico de Planeamiento y Gestión Urbanística para la ejecución del sector del Plan Parcial PP-Tl, de fecha 27 de septiembre de 2005) hasta el informe de tasación que se hizo de la parcela, pasando por los expedientes de recaudación municipal relacionados con la deuda o el decreto de la Alcaldía en el que se resolvió prestar aprobación a la suscripción del acuerdo de liquidación y pago de deuda.