El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha tardado pocas horas en devolver el golpe lanzado por el portavoz del grupo municipal socialista, Paco Cuenca, que le ha exigido su dimisión por los malos resultados electorales de su partido (Ciudadanos) el pasado 10 de noviembre. El regidor ha recordado el candidato del PSOE que el proceso judicial por el que está a un paso de ir a juicio mina sus aspiraciones de volver a acceder al máximo cargo municipal. 

"Como Cuenca pide dimisiones basadas en la nada, yo le recordaría no solamente que está imputado, sino que es muy probable que dentro de nada esté en juicio oral, precisamente por una acusación por prevaricación y que va por la vía penal", ha declarado Salvador en la primera comparecencia pública donde ha tenido oportunidad de contestar al socialista.

El PSOE, como ha recordado el alcalde, "tiene recogido en los estatutos que en caso de que hubiera juicio oral conllevaría la dimisión en el puesto de responsabilidad que esté desempeñando". Por tanto, Salvador sostiene que Cuenca "tiene que dar un paso, cumplir los estatutos de su partido y con la regeneración ética y democrática en las instituciones por ser una persona que lleva muchos años imputado por delitos penales y que además muy probablemente va a ir a juicio oral".

El portavoz provincial de Ciudadanos también ha pedido al concejal socialista y al resto del grupo municipal que hagan una "oposición constructiva para la ciudad" y que "se comprometan a trabajar de la misma manera que cuando estaban en la Alcaldía le exigían a la oposición con tan solo 8 concejales".

"Que no trate de lanzar bombas de humo para eludir su propia responsabilidad. Una persona que lleva en política tantos años sabe que los procesos electorales son singulares", ha añadido Salvador en relación a la diferencia entre unas elecciones generales y unas municipales.

Paco Cuenca, que después de dejar la Alcaldía ha pasado a ser portavoz de grupo municipal socialista en el Ayuntamiento, ha sido recientemente procesado en unas diligencias por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos a empresas por parte de la Junta cuando el socialista era delegado de Economía en Granada.

En esta causa están implicadas 18 personas de toda Andalucía, entre ellas varios ex altos cargos de la Junta, por los presuntos delitos de usurpación de funciones públicas, prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, fraude en la contratación administrativa y falsedad documental.