El alza de los precios nos está afectando a todos, en mayor o menor medida. La subida imparable del coste de la vida que el pasado junio experimentó en Granada un crecimiento del 2,3% respecto al mes anterior, según los del Instituto Nacional de Estadística, y que también están notando las entidades públicas y las empresas que realizan sus labores para ellas.

Esta subida de los costes era una obviedad que tiene, desde ahora, una cifra que la corrobora. En la provincia de Granada se han dejado sin adjudicar al menos ocho actuaciones por valor de 922.416,17 euros. Además, todas ellas se han declarado desiertas, es decir, ninguna empresa acudió al correspondiente concurso público.

Su valor fue de 715.440,37 euros en las diferentes Administraciones locales a las que afectó esa subida de los precios, y 206.975,80 euros de aquellas obras puestas en marcha por el Gobierno autonómico. El Gobierno central, sin embargo, al no poner en marcha ninguna obra ni actuación, no vio como sus licitaciones afectadas.

Se trata de cifras difundidas en un informe de la patronal Fadeco Contratistas, al que ha tenido acceso Granada Hoy, sobre un problema que en Andalucía ha supuesto que más de 100 obras se hayan quedado sin adjudicar por un montante económico de 94 millones de euros.

El desglose de las obras que no encontraron empresas para realizarse comenzó antes de que la guerra de Ucrania encareciera las materias, concretamente en plena crisis sanitaria por el Coronavirus. El Ayuntamiento de Granada licitó un contrato de obras de instalación de alumbrado extraordinario en los mercados municipales de San Agustín y Merca80, con motivo de la celebración de la Navidad, con valor de 7.809,15 euros, que quedó desierto.

Esto sirvió como toque de atención al Consistorio de la capital, que se puso a trabajar para que esto no volviera a suceder, y en la lista no vuelve a aparecer. Sí que aparecen otros municipios de la provincia, de diferentes comarcas, que vieron como algunas de sus obras no se realizaban.

El Ayuntamiento de Motril también sacó a licitación el Proyecto de ejecución de eficiencia energética de la Piscina Cubierta Municipal de la ciudad, al que no concurrió ninguna empresa, ya que los 403.070,88 euros eran considerados un importe demasiado bajo para cubrir los gastos de tan importante obra. Esta ejecución supone la mitad del valor de todas las licitaciones de la provincia.

Por su parte, el Ayuntamiento de Guadix también vio como una de sus obras quedaba desierta. Concretamente, la ejecución de las obras de la vía de conexión en la zona urbana con el Polígono 'La Marcoba' (Tramo Hospital ‐ Polígono 'La Marcoba'), que fue presupuestada en 149.507,81 euros.

Similar es el caso del Ayuntamiento de Alhendín, que en la primavera de este 2022 sacó a procedimiento abierto la ejecución de la Obra de Eliminación de Vertidos en la Acequia Principal y Mejora del Entorno Urbano en Calle Molinos, que estaba previsto licitar por 62.591,15 euros y que ha sido declarado como desierta.

Los elevados precios en los materiales no solo afectan a los municipios más grandes de la provincia, sino también a los más pequeños, con menos recursos y que tratan de ajustar las ejecuciones de obra al máximo. Es el caso de los Ayuntamientos de Algarinejo y Montejícar, quienes intentaron ejecutar obras de puesta en valor del yacimiento arqueológico de Villavieja a través de un ecoparque interactivo, y la cubrición y petos sobre la Estructura Existente en Pista Polideportiva Municipal respectivamente.

Obras de la Junta de Andalucía desiertas

Por parte del Gobierno autonómico, ha habido dos obras que no se han podido ejecutar por falta de concurrencia al concurso público de empresas que las ejecutaran. Unas obras que de momento están a la espera de volver a ser licitadas y sacadas a concurso público para su desarrollo.

La primera de ellas afecta a los Juzgados de La Caleta, en la capital. Allí, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local quiso desarrollar obras para la adaptación y colocación de ventanas acristaladas en carpintería practicables en la fachada del complejo judicial. Esta obra se presupuestó en 166.980,80 euros.

La otra intervención se iba a producir en la localidad de Monachil, concretamente en el Jardín Botánico 'Hoya de Pedraza', situado en la A-395 justo antes de llegar a la Urbanización de Pradollano, en Sierra Nevada. En este lugar, la Agencia de Medioambiente y Agua de Andalucía quiso redactar y construir un umbráculo de alta montaña, intervención que se proyectó en 39.995 euros y que quedó desierta.

Preocupación en el sector de la construcción

La patronal andaluza Fadeco Contratistas ha mostrado su "profunda preocupación y alarma" ante la situación que vive el sector, ya que ven como no pueden desarrollar su oficio al subir los costes de las materias primas, pero no hacerlo los valores de las licitaciones.

Esta situación se une a la aprobación del Decreto Ley de revisión excepcional de precios de la Junta de Andalucía el pasado 12 de abril, y que tras conocer las objeciones de la Secretaría de Estado de Política, obligará a la apertura de una mesa de negociación que, de no terminar en un acuerdo, "provocaría, casi con toda seguridad, el recurso de inconstitucionalidad".

Para Fadeco, esta situación es inasumible "por la incertidumbre e inseguridad jurídica que provoca", y se ha mostrado profundamente preocupada por los efectos que tendrá en la actividad licitadora de las distintas administraciones y las consecuencias en el empleo.

"El Gobierno de la Nación está arruinando al sector de la construcción, ya que actúa como 'el perro del hortelano', es decir, que ni actualiza los precios de sus obras ni permite que otras administraciones lo hagan", ha señalado el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Granada, Francisco Cañavate.

Los distintos decretos de revisión de precios surgen para paliar los efectos de la intensa inflación que sufre el sector y el principal objetivo de los mismos es cubrir los costes en los que incurren las empresas constructoras que ejecutan obra pública; de ahí que, según Fadeco, sea imprescindible que la medida incluya las obras ejecutadas en el periodo de mayor incremento de precios, obras con certificaciones en 2021.

"Lamentablemente, el gobierno de España no recoge en su decreto las citadas obras; y se basa en obras de mayor duración, dejando fuera todas las obras terminadas antes de marzo de 2022; situación que si recoge el Gobierno andaluz en su Decreto", han valorado.

Cañavate ha comentado que el sector de la construcción lleva reclamando al Gobierno de España el decreto de revisión de precios desde octubre de 2021, pero que la lentitud, lo errático de las medidas del Real Decreto Ley y la ausencia criterio en la toma de decisiones del Gobierno de España "han provocado que muchas licitaciones estén quedando desiertas y otras muchas obras estén empezando a paralizarse; constituyendo este anuncio en un nuevo argumento para llevar a la ruina al sector de la construcción".

"Esta actitud está provocando la paralización de multitud de obras esenciales en toda Andalucía, lastrando su desarrollo y llevando a la ruina a las empresas y a las familias del sector de la construcción y de las empresas auxiliares", ha concluido el presidente granadino.

Desde Fadeco Contratistas se apela a la responsabilidad de las autoridades estatales en el marco de las negociaciones previstas, para alcanzar un acuerdo inmediato, razonable, 7 que evite la quiebra de muchas empresas constructoras, innumerables pymes auxiliares del sector y la destrucción de miles de puestos de trabajo.