ley de muerte digna Primer aniversario de la entrada en vigor de la norma

Un año de muerte digna

  • La ley andaluza celebra su primer aniversario sin objeciones ni multas y con el respaldo de profesionales y pacientes · El texto, base para la norma que prepara el Gobierno

Desde hace un año tener una muerte digna es un derecho regulado por ley. Desde hace un año propiciar un 'buen morir' es una obligación más del sistema sanitario. Desde hace un año, respetar por encima de todo la decisión del paciente en los últimos momentos de su vida está escrito en el libro de cabecera de los facultativos. Y es que, hace un año, Andalucía dio un paso de gigante convirtiéndose en la primera comunidad autónoma de España en recoger el papel de los profesionales, de los pacientes y de los familiares en el momento de la muerte a través de la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, la conocida como ley de muerte digna. Una norma que está sirviendo de base para la Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna que elabora el Gobierno Central y para los procesos legislativos de otras comunidades como Aragón y Navarra.

En este año, la normativa ha funcionado sin problemas según se reconoce desde la Consejería y los agrios debates ideológicos abiertos por la iglesia católica y el PP han quedado desvanecidos. Así, la norma ya no está en el debate político sino en el día a día de los hospitales, su lugar de referencia.

Aunque no entró en vigor hasta final de mayo de 2010, la norma se aprobó el 17 de marzo del año pasado después de varios años de trabajo que se intensificaron tras la muerte en marzo de 2007 de Inmaculada Echevarría. Consiguió que la Junta autorizara la retirada del respirador que la mantenía con vida. Su caso ha servido para ayudar ahora a cientos de pacientes a que se cumpla su deseo de no seguir prolongando una vida sin futuro y que lo hagan sin dolor, con tranquilidad y en familia. Pero también ha servido para ayudar a los médicos a tener un marco legal que los arrope en la toma de decisiones. No hay más que recordar el caso de las sedaciones en el hospital de Leganés de Madrid con el doctor Montes.

En este año no ha habido problemas ni éticos ni legales ni asistenciales en la aplicación de la ley. Según informó la propia consejera de Salud, María Jesús Montero, al diario Público, ni ha habido objeciones a la ley (posibilidad que ni se recogía en el texto) ni multas por incumplimiento de la norma. Además, los casos más especiales como las peticiones de desconexión o retirada de tratamientos, se han resuelto sin problemas gracias también a los comités de ética constituidos al amparo de la ley.

Durante este año, además, se ha estado dotando a los hospitales públicos de los medios necesarios para cumplir la ley, como unidades de cuidados paliativos, personal para la atención de pacientes y familias, equipos de atención domiciliaria y una dotación de camas suficiente para atender a todos los pacientes en habitaciones individuales, una promesa de la ley. En este asunto, según la información facilitada por Salud, el 72% de las habitaciones destinadas a cuidados paliativos son ya individuales.

En los hospitales granadinos hay unidad de dolor y cuidados paliativos en el Virgen de las Nieves y en el Clínico. La última reforma ha sido hace apenas un mes en el Virgen de las Nieves, que ha creado un ala nueva para este servicio con habitaciones individuales cerrando así las antiguas instalaciones de San Juan de Dios donde las habitaciones eran dobles, lo que hacía que morir solo fuera una cuestión casi de suerte dada la gran demanda de camas en estas unidades.

En total en Andalucía hay 15 unidades de paliativos a las que se suman 24 equipos de soporte de cuidados domiciliarios y 15 de cuidados mixtos. Además está el Plan de Cuidados Paliativos 2008-2012, que cuenta con ocho líneas de acción que desarrollan un total de 86 medidas específicas.

Con todo, aunque se habla de éxito, para saber el alcance asistencial real de la ley la Consejería de Salud está realizando un estudio sobre el primer año de aplicación de la norma que se presentará antes de verano y que servirá para poner estadísticas y datos a una normativa pionera.

Pero en el día a día de los profesionales se funciona con normalidad. En las unidades de paliativos se sigue haciendo lo mismo que antes porque ya se dejó claro que esta norma iba a poner negro sobre blanco lo que ya se llevaba a cabo y que el cambio fundamental era el respaldo legal al profesional y la recogida de la muerte digna como derecho del paciente.

Igual ocurre en otros servicios también relacionados como las unidades de cuidados intensivos o las urgencias. Precisamente, en un congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva, Urgencias y Coronarias (Samiuc) celebrado estos días en Granada, se trató el tema de la muerte digna. "La ley ha venido a refrendar aquello que ya se hacía y a asegurar la actuación de los profesionales. Además, las decisiones se toman en conjunto y con los comités de ética y con las familias, que participan mucho", matiza el presidente de la Samiuc, Juan Roca.

Otro aspecto que se recoge en la ley son los testamentos vitales, de obligado cumplimiento médico. En los más de seis años que lleva vigente el registro de voluntades vitales anticipadas, 20.256 andaluces han ejercido este derecho, de los que 3.208 son de Granada.

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