El Juzgado de Instrucción 7 de Granada ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de las diligencias incoadas contra el ex vicepresidente de la Diputación Gabriel Cañavate y el jefe de Carreteras por presuntas irregularidades en las obras de la carretera de La Cabra tras ser denunciados a raíz de la destrucción de una planta protegida.

En realidad, el juez ya había archivado el caso en julio de este año aunque primero la Fiscalía y luego el PP, que ejerció la acusación, reclamaron la reapertura del caso para agogar la investigación seguida por delitos ecológico, de prevaricación y desobediencia que se le atribuían a Cañavate, hoy retirado de la escena política e imputado por el caso Nevada de Armilla.

Según fuentes del caso, el juez entiende que las obras realizadas para la mejora de la calzada de la carretera Suspiro del Moro, también conocida por La Cabra, tenían "carácter urgente a fin de garantizar la seguridad vial y de las personas". El juez se vale de los informes que figuran en el expediente para aclarar que la superficie afectada por la destrucción de la planta protegida (Arenaria Delaguardiae) es inferior a la estimada inicialmente y "bastaba un simple informe ambiental" -el que encargó la propia Diputación-, por lo que "no era necesaria la declaración de impacto ambiental para acometer las obras".

La Fiscalía, sin embargo, sostenía que la reparación obvió la evaluación de impacto ambiental con una resolución "clamorosamente contraria a derecho".

El juez también desmonta uno a uno los delitos que se le imputaban. Por un lado, asegura que no puede existir prevaricación por parte de Cañavate puesto que la decisión adoptada "ni es patente ni flagrante ni clamorosa" y tampoco se puede decir que sea "arbitraria".

Igualmente, el magistrado entiende que no puede existir un delito de desobediencia pues desde la administración competente [la Junta de Andalucía] "no se realizó un requerimiento personal para que parase las obras". Incluso sostiene que la orden de paralización permite continuar las que son de emergencia "si son imprescindibles para garantizar la seguridad de bienes y personas".

En cuanto al delito medioambiental contra la protección de la flora y la fauna, establece el juez que la destrucción de las plantas afectadas, "siete u ocho", no pone en peligro la especie y a la hora de sopesar los bienes jurídicos prevalece la seguridad e integridad de los usuarios de la carretera a la destrucción de la flora que, en este caso, el juez considera que es insignificante.

Gabriel Cañavate, que en más de una ocasión se ha sentido "perseguido", dijo estar ayer "muy satisfecho" de que "poco a poco se aclaren las cosas". El ex vicepresidente insistió una vez más en que actuó "en todo momento guiado por el informe de los técnicos de la Diputación".