Un total de 45 organizaciones sociales, vecinales, colegios oficiales, de mujeres y culturales, entre otras, han denunciado en un comunicado remitido al Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos la situación de "al menos 2.500 familias" en Granada que "no tienen lo suficiente para poder alimentarse", en una "crisis alimentaria sin precedentes". Precisamente, este martes el Defensor de Granada también ha alzado la voz exigiendo un relator de la ONU ante el problema de los cortes de luz.

Según estas organizaciones, entre ellas Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Granada Acoge, y diversos colectivos vecinales que se han concentrado este martes ante el Ayuntamiento de Granada, el Covid-19 "ha puesto en evidencia la fragilidad de los sistemas de protección".

Como han puesto en conocimiento también de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada, además del Defensor del Pueblo Andaluz, para estas organizaciones "resulta inaceptable que, tras seis meses desde el inicio de la pandemia, las personas en situación de mayor vulnerabilidad sigan sin tener una respuesta para satisfacer necesidades tan básicas como comer a diario".

Las organizaciones consideran que las instituciones "han respondido de forma descoordinada y no integrada, dejando a las familias sin soporte". En vez de centralizar la respuesta en los Servicios Sociales del Ayuntamiento y dotarles de los recursos adecuados y suficientes para hacer la labor de gestión de la crisis alimentaria, reza el comunicado, se ha optado por "bunkerizarlos", "virtualizarlos" y "precarizarlos".

"El modelo de funcionamiento predominantemente virtual ha provocado que la brecha digital se haya convertido en fosa digital insalvable para algunas personas. Conseguir cita para que te vea físicamente una trabajadora social se ha convertido para mucha gente en un suplicio", afirman.

Por ello, solicitan que sean los Servicios Sociales Municipales los que coordinen, "con los recursos adecuados, de forma centralizada y evitando la burocratización innecesaria", la respuesta a la situación de "emergencia alimentaria".

La función del resto de organizaciones de colaboración y apoyo sería la de refuerzo de forma coordinada, pero, en ningún momento, de sustitución del deber de la Administración con su ciudadanía.

Dada la urgencia de la que han dicho que adolece la situación, los colectivos han solicitado una reunión a la Junta y el Ayuntamiento, además de remitir el citado comunicado que también han hecho llegar a Defensor del Pueblo Andaluz y ONU.