La crítica situación económica que atraviesa el Ayuntamiento de Granada no es extrapolable al resto de los consistorios de la provincia. Tras años de dura crisis y de un recorte de plantilla sin precedentes, las entidades locales han puesto en marcha un proceso de contratación que les ha permitido recuperar los niveles de empleo de antes de la recesión económica. Al cierre de julio de 2017, las entidades locales -entre las que se incluyen tanto los ayuntamientos como la Diputación- contaban con 15.790 trabajadores a su cargo, una cifra que supera la que registraban en el año 2008, cuando daban empleo a 14.878 personas.

Esta recuperación laboral pública no ha sido paulatina, sino que se ha registrado casi íntegramente a lo largo del primer semestre de 2017, cuando se ha fichado a 2.161 trabajadores, recuperando un 15,8% de la plantilla perdida durante los ajustes económicos. Según los boletines estadísticos del personal al servicio de las administraciones publicados por el Ministerio de Hacienda, este ritmo de contratación se produce después de que los ayuntamientos registraran durante la crisis un duro ajuste laboral, que les llevó a perder entre 2011 -cuando se alcanzó el nivel máximo de plantilla- y enero de 2017, un total de 2.469 trabajadores, reduciendo el empleo municipal un 15,3%.

La Junta de Andalucía continúa siendo la principal empleadora, con 28.178 trabajadores

El comportamiento laboral de los ayuntamientos granadinos es todavía más significativo por el hecho de que son las únicas administraciones que han sido capaces de crear empleo en la primera mitad de 2017. Es decir, que son las absolutas responsables de que se haya frenado el ajuste del empleo público, que crece por primera vez de forma interanual desde el año 2012, el momento clave en el que la crisis comenzó a dejarse notar en la plantilla pública.

Granada cuenta con 57.237 empleados en la administración, un 3,5% más que al cierre de 2016. Sin embargo, en el caso de la plantilla general no se puede hablar de un nivel de empleo como el de antes de la crisis, porque el ajuste tanto en el Gobierno central como en la Junta de Andalucía continúa. En julio de 2009, cuando se alcanzó el mayor nivel de empleo público, había en la provincia 61.450 personas trabajando para las administraciones, lo que significa que las entidades se han desecho -vía jubilaciones y bajas sin cubrir o rescisión de servicios- de 4.213 trabajadores, reduciendo un 6,8% el colectivo de empleados públicos.

Tanto el Estado como la administración autonómica siguieron reduciendo su plantilla en la primera mitad del año pasado hasta niveles mínimos, mientras que la UGR lo mantiene prácticamente igual, con la incorporación de solo diez trabajadores.

En el caso del Gobierno central, sus 7.838 empleados marcan el nivel más bajo de empleo de toda la serie. Los boletines de empleo no registran, ya sea en la oleada de julio o en la de enero, ninguna cifra tan baja como la alcanzada durante el primer semestre de 2017, que arroja un descenso del 1,1% respecto al cierre del año anterior. El balance de la crisis, en el caso del Gobierno central, es muy contundente: los trabajadores públicos a cargo del Estado en Granada -fundamentalmente de ministerios y organismos autónomos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o el Ejército- se han reducido un 20% desde que comenzaron los problemas económicos, dejando por el camino a 2.018 trabajadores.

La Junta de Andalucía también ha continuado con los ajustes durante el primer semestre de 2017, con un 0,4% menos de plantilla. Los 28.035 trabajadores públicos que están empleados por la Junta de Andalucía, además, marcan una distancia del 9,2% respecto al nivel de empleo de 2009, cuando se superaban los 31.357 trabajadores a cargo de las consejerías, los organismos autónomos y los sectores de salud y educación.

En el caso de la Universidad de Granada, el boletín del Ministerio de Hacienda indica que el nivel de empleo de julio de 2017 mejora las cifras del semestre anterior en un 0,2%, pero siguen lejos de su máximo, alcanzado en 2012, cuando la institución contaba con más de 6.000 trabajadores a su cargo.

El ajuste del empleo público se ha traducido en una importante reducción del peso que el colectivo de funcionarios tiene sobre el total de trabajadores de la provincia. En la actualidad, la plantilla a cargo de las administraciones representa un 17,5% del total de los afiliados de la provincia; mientras que en el año 2009 este porcentaje era del 19,6%. En todo caso, Granada sigue siendo una de las provincias andaluzas con mayor peso del funcionariado, solo superada por Cádiz, conde sus 74.282 empleados públicos representan un 20,8% del total de trabajadores.