Cada semana los distintos grupos de Stop-Desahucios de la provincia de Granada se reúnen en sus distintas sedes buscando la fórmula más eficaz para frenar este drama social que solo en 2012 dejó a 1.500 familias en la calle. Lo hacen de forma desinteresada con la vocación de ayudar a quienes más lo necesitan y lo que es mejor, en numerosas ocasiones, lo consiguen.

Según el abogado y miembro del Grupo Stop-Desahucios, José Iglesias, la mayoría de los casos en los que trabajan terminan con finales favorables para las familias, bien con la dación en pago de la vivienda con carácter retroactivo o con alquileres sociales. Sin embargo, según Iglesias también hay finales infelices, como el del último desalojo llevado a cabo en el barrio del Zaidín donde los policías fueron especialmente violentos y un joven de 19 años fue detenido.

Se trataba del segundo intento de desahucio de Teresa Lechuga, una mujer que al no poder hacer frente al pago de las mensualidades del alquiler, fue expulsada de la vivienda en la que residía junto a su hijo de 13 años. En este sentido, Iglesias, aclaró que las actuaciones policiales son cada vez más violentas y la policía "debería pensar y darse cuenta de que no tiene mucho sentido apalear a la gente que pacíficamente muestra su apoyo a las familias", pues aunque algunos son "comprensivos, a la hora de la verdad si les dan la orden pegan a todo el mundo". Algo que Iglesias no comprende, más si se tiene en cuenta que los familiares de los cuerpos de seguridad están sufriendo en sus propias carnes este auténtico drama social.

En este sentido, Iglesias también criticó la "criminalización que están sufriendo grupos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)", acusados en los últimos días simpatizar congrupos filoetarras. Una relación que según Iglesias ha sido fomentada para "criminalizar un grupo que cuenta con un 80% de simpatía a nivel nacional según las últimas encuestas".

Según Iglesias, la prueba que ha dado la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes para acusar a la plataforma de sus lazos con ETA es el supuesto apoyo al "acercamiento de presos de ETA" a las cárceles de País Vasco, argumento que han utilizado para "vincular estos movimientos sociales con el terrorismo, para que "perdamos el apoyo que tenemos por parte de la ciudadanía".

Con respecto a los pasos dados por parte del Gobierno central en materia de desahucios, Iglesias declaró que ha habido dos reales decretos de buenas prácticas "que no han resuelto nada". Según el abogado, estos decretos apenas han podido ayudar al 1 o el 2% de las familias, porque "cuentan con unos requisitos tan estrictos que o estás es una situación extrema o no tiene eficacia ninguna".

Por ello, la única esperanza es que finalmente se lleve a cabo la Iniciativa Legislativa Popular que plantea la dación en pago de forma retroactiva y la suspensión de todos los procesos. También la sentencia de la Unión Europea que podría "dar marcha atrás" a los procedimientos de los últimos 20 años. "Vamos a ver si son capaces los diputados de hacer una reforma que satisfaga de verdad las necesidades de las personas".

Solo en Granada capital el grupo Stop-Desahucios atiende a más de 300 familias. Según indicó Iglesias, "cada semana llegan entre 10 y 15 más". De éstas, "estamos resolviendo muchas. El trabajo que estamos haciendo es óptimo, en la mayoría solemos alcanzar acuerdos con los bancos". Pese a todo, reconoce que es dramático ver cómo numerosas familias" se quedan sin casa y ven como mes a mes su vivienda sigue vacía porque el banco ni la vende ni la alquila".