Granada

La nueva tasa de basura provincial costará a los vecinos 20 euros al año

  • La oposición en la Diputación considera "injusto y de dudosa legalidad" que el importe se determine en función del valor catastral

La Diputación de Granada aprobó ayer, con los únicos votos del equipo de gobierno, la tasa provincial por la prestación del servicio de tratamiento de residuos municipales tras la disolución del Consorcio Resur, que fue rechazada por los grupos del PSOE e IU al considerar que es injusta y "de dudosa legalidad", puesto que usa el valor catastral como referencia.

El vicepresidente segundo de la Diputación de Granada y diputado de Medio Ambiente, José Robles, defendió que con esta tasa, que asciende a unos 20 euros anuales, "paga quien más tiene", ya que la superficie de la vivienda es una de las variables del citado valor catastral y "parece lógico pensar que en una casa más grande donde puede vivir más gente, también se generen más residuos". Además, opinó que existe "una correlación directa entre el poder adquisitivo y la generación de residuos", un planteamiento sobre el que, según explicó, ha trabajado la Diputación y que se complementa con las bonificaciones del 50% planteadas para familias numerosas y pensionistas.

Estos argumentos fueron rechazados por el diputado socialista José María Aponte, quien señaló que la tasa oscilará entre los 25 y los 40 euros anuales según el valor catastral de las viviendas, un parámetro "injusto" y que, según ironizó, podría ser similar a otros como el color del pelo del inquilino de la vivienda o al tamaño del coche de cada uno de los vecinos.

Además, Aponte opinó que esta tasa "castiga" a los ayuntamientos que sí han ido respondiendo a los pagos por el servicio frente a los que no, los cuales son en su mayoría "del PP", según puso de manifiesto el diputado. Por ello, Aponte reclamó al equipo de gobierno que "dé libertad" a los municipios que están cumpliendo con los pagos para que sigan haciendo el abono en el mismo sistema que hasta ahora y pidió bonificaciones "reales", condicionantes que de haber sido tenidos en cuenta hubieran propiciado el voto favorable de los socialistas, según expuso Aponte.

Por su parte, el diputado de IU Antonio Molina señaló que esta tasa debe ser proporcional al coste del servicio, algo que a su entender no sucede, y la rechazó por considerar que tiene una "clara vocación ideológica". De hecho, advirtió que la intención de esta medida es "arrebatar competencias a los ayuntamientos aprovechando que han sido especialmente los del PP los que no pagaron el servicio a Resur", como a su juicio evidencia que sólo dos de estos dos municipios populares "acumulen el 50% de la deuda".

Por otra parte, el pleno de la institución provincial procedió a la aprobación definitiva de la modificación del reglamento orgánico provincial relativa al régimen jurídico del personal directivo de la institución, una medida que ha salido adelante con los votos del equipo de gobierno, del PP, y el rechazo de los grupos del PSOE e IU.

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