El Ayuntamiento de Granada ha completado el expediente necesario para que la Comisión de Garantías de la Videovigilancia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) determine si puede o no instalar cámaras en cinco puntos del Albaicín para vigilar el patrimonio.

La iniciativa ideada por el Ayuntamiento de Granada incluye unas cámaras con sensores que solo graban cuando cambia la textura de un monumento o hay movimientos extraños, un sistema que no afectaría al derecho a la intimidad del ciudadano para lograr así el visto bueno del alto tribunal.

La concejal de Comercio y Ocupación de la Vía Pública, María Francés, ha detallado que al expediente inicial ya han sumado los informes de la Policía Local, Urbanismo y la Policía Nacional, datos que suman número de actuaciones y detenciones por daños al patrimonio.

Se completa así el expediente, que la delegación del Gobierno en Andalucía remitirá al TSJA para que analice la viabilidad de colocar cámaras en cinco puntos del Albaicín, tal y como se acordó durante la Junta Local de Seguridad en el análisis del plan de videovigilancia para combatir los daños al patrimonio y los grafitis en el barrio del Albaicín.

El Ayuntamiento pretende instalar cámaras en cinco puntos del barrio para compaginar el cuidado de los monumentos, el derecho a la intimidad de los ciudadanos y la ley de Protección de Datos.

Se trata de cámaras enfocadas a los bienes que solo graban cuando se produce un cambio de textura o de color en el monumento o una situación de movimientos extraños, para no afectar así a la intimidad del viandante. El expediente, que los técnicos consideraron viable durante la Junta Local de Seguridad, incluye colocar seis cámaras en el barrio histórico que grabarían las puertas de Las Pesas, del siglo XII, Monaita y Elvira, ambas del XI, el Aljibe del Zenete (siglo XVI) y el entorno del Palacio de Dar Al-Horra, que fue casa de la madre de Boabdil y que por sus dimensiones incluiría dos cámaras. El alto tribunal lo decidirá en la Comisión de Garantías de la Videovigilancia, que tiene un plazo legal máximo de un mes para reunirse a contar desde que recibe la documentación, y que valorará si el proyecto granadino se ajusta a derecho.