El juez ha dictado una requisitoria para la busca y captura a la mujer de 27 años que había de ser juzgada el pasado 13 de noviembre en Granada por supuestamente haber tratado de forzar que su excompañero sentimental rompiera la prohibición que tenía de acercársele, por una condena previa tras una denuncia que ella reconoció falsa.

La acusada, que no se presentó en el Juzgado de lo Penal 2 a la vista oral, que hubo de ser suspendida, ni pudo ser localizada por la Guardia Civil, se enfrenta a una petición fiscal de un año y medio de prisión y de 5.400 euros de multa por estos hechos, y tiene en vigor una orden de alejamiento de su expareja, según ha indicado a Europa Press el abogado de este último, Mohammed Khalil Hammou, que ejerce la acusación particular en el proceso.

Por estos hechos, en los que ella, nacida en Marruecos, habría involucrado a su hijo menor mandándolo "en solicitud de alimentos" a la carnicería que él regenta en Granada, la Fiscalía la acusa por supuestos delitos de acusación y denuncia falsa, y de coacciones.

La acusación particular eleva su petición de penas a cuatro años y medio de cárcel y 5.400 euros de multa por la presunta comisión de un delito de falso testimonio, a los que suma otros cuatro por supuestas coacciones y amenazas.

Según hace constar el fiscal en su escrito de acusación provisional, los hechos se remontan al uno de abril de 2017 cuando ella denuncia "a sabiendas de su falsedad" al hoy denunciante, también de nacionalidad marroquí y con quien convivía en la capital granadina.

Ello dio lugar a la imposición de una condena por conformidad el 5 de abril a él por ocho meses de prisión y por dos años de alejamiento a 200 metros de ella, así como a la prohibición de la comunicación con la hoy acusada y su hijo menor.

Posteriormente, ella se presentó, según hace constar el fiscal, en sede judicial, para manifestar que "las amenazas que había denunciado no habían existido como tales" y solicitar "el archivo de la causa y el cese de la pena de alejamiento y prohibición de comunicación".

Sabedora de dichas penas, y "con ánimo de alterar gravemente el desarrollo de la vida cotidiana y vulnerar la intimidad y tranquilidad" del hoy denunciante, procedió a "enviarle numerosos mensajes de texto y de audio" en que lo conminaba a "retomar la relación sentimental" con ella. 

De lo contrario, prosigue el ministerio público, "se iba a vengar" y "lo iba a hacer enfermar". En este sentido, supuestamente "le enviaba vídeos y fotos de contenido sexual de ella misma y de terceras personas a fin de que el denunciante accediese a mantener encuentros".

Su excompañero la bloqueó entonces en redes sociales, a lo que la procesada contestó con mensajes de voz como "te voy a amargar la vida", y "te voy a mandar a la cárcel si no hablas conmigo". Ello provocaba en el denunciante, al que también habría dicho que le iba a "declarar la guerra", "temor y desasosiego".

También "en numerosas ocasiones" durante los meses de abril y mayo de 2017 la acusada habría enviado a su hijo a la carnicería que regenta el denunciante en la capital granadina, lo cual "provocaba el temor del mismo de quebrantar la pena impuesta", al "no poder abandonar su negocio en horas de apertura al público" ni "prever en qué momento se iba a presentar en solicitud de alimentos el referido menor".

La acusada se habría personado, siempre según la versión expuesta por el fiscal, en este establecimiento para "colocarse a escasos 15 metros de distancia, profiriendo expresiones y haciendo gestos amenazantes", en presencia de los dueños de otros negocios del barrio. 

Su excompañero, que denunció los hechos el pasado 29 de mayo de 2017, "sufría gran estrés al temer ser detenido por la Policía por un quebramiento sin haberlo provocado, al no poder abandonar su puesto de trabajo".

El ministerio público interesa, al igual que la acusación particular, que, de haber sentencia condenatoria cuando se la juzgue, se dé traslado al Juzgado de lo Penal 2 de Granada, que lleva la ejecutoria de la condena impuesta al denunciante, a los fines de "anular" la sentencia.

La acusación particular refiere, asimismo, en su escrito de conclusiones provisionales, que, entre el 26 y el 31 de mayo de 2017, la procesada, supuestamente "con el ánimo vengativo de verle encerrado en prisión", denunció a su ex dos veces seguidas.

Y prosigue indicando que "se trata de una persona experta en estos temas de violencia de género", que "denuncia los jueves a última hora o el viernes por la mañana para asegurarse" que él "pase las tres noches en el calabozo, y el lunes pase a disposición judicial". La primera denuncia derivó en sentencia absolutoria, y la segunda fue "objeto de archivo y sobreseimiento", agrega esta parte.