Granada

Piden cárcel a un funcionario y un paciente por saltarse la lista de espera en un hospital de Granada

  • Falsearon la petición de varias pruebas médicas para saltarse los tiempos de espera

El hospital Clínico de Granada.

El hospital Clínico de Granada. / Photographerssports

La Fiscalía ha solicitado en sus conclusiones provisionales penas de hasta 4 años y 9 meses de prisión para un funcionario, administrativo del Hospital PTS de Granada, y un paciente por falsear de forma continuada la petición de varias pruebas médicas y saltarse así los tiempos de espera.

El Ministerio Público, según recoge el escrito de acusación, considera a Francisco F.R. autor de un delito continuado de falsedad en documento público, mientras que cree que José B.O. debe responder como inductor o cooperador necesario.

Por ello, solicita para el primero 4 años y 9 meses de prisión, inhabilitación para empleo o cargo público durante 5 años y multa de 4.320 euros; y para el segundo 2 años y 6 meses de prisión, 2 años y 9 meses de inhabilitación y multa de 1.050 euros.

Según relata la Fiscalía, el acusado Francisco F.R. prestaba servicios como funcionario público, con categoría de personal administrativo en el Hospital del PTS de Granada, con plaza en propiedad desde la superación de pruebas selectivas y con un usuario asignado.

Este usuario y los perfiles asignados le permitían efectuar determinadas actuaciones dentro de la aplicación corporativa informática del hospital, donde no estaba autorizado para la solicitud o prescripción de pruebas diagnósticas ni para la asignación de citas sin previa intervención de médico facultativo.

Todas las solicitudes de pruebas de resonancia magnética nuclear necesariamente debían estar prescritas por facultativo y el administrativo únicamente podía trasladar la información facilitada por el médico a la aplicación corporativa haciendo la solicitud informatizada según las indicaciones del sanitario.

A pesar de conocer los límites precisos de su autorización como administrativo y consciente del funcionamiento del Servicio Andaluz de Salud (SAS) dado que prestaba servicios desde 1998, según la Fiscalía, resolvió a instancia y con la colaboración imprescindible del otro acusado, José, beneficiario final de las prestaciones, prescribir sin autorización varias pruebas diagnósticas.

De este modo, el acusado José B.O. en su provecho, en tanto que eludía los procedimientos establecidos para conseguir pruebas diagnósticas y obtenía una rebaja en los tiempos de espera, facilitó al administrativo acusado los datos personales necesarios.

Por su parte, el funcionario accedió con su usuario a la aplicación corporativa y, simulando la existencia de una previa decisión médica, generó al menos en dos ocasiones solicitudes de resonancia, íntegramente mendaces al no haber sido prescritas ni autorizadas por el facultativo, dice el Ministerio Público. Para ello, hizo constar en la aplicación datos absolutamente no veraces por inventados, relativos a elementos esenciales como la fecha de solicitud, servicios de procedencia y médico prescriptor.

De este modo, se le practicó una primera resonancia magnética nuclear de rodilla el 3 de octubre de 2016 por parte de un médico, que la hizo no porque la hubiera prescrito sino porque el acusado generó una cita para ello sin su conocimiento ni consentimiento. Asimismo, más adelante y del mismo modo, logró una segunda resonancia de columna.

Según la Fiscalía, los tiempos habituales de espera para este tipo de pruebas son de 26 días para el caso de rodilla y de 68 en el supuesto de columna, unos estándares que se lograron "burlar". Tanto Francisco como José serán juzgados por estos hechos el próximo 5 de octubre en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.

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