Desde que se reformó el Código Penal en 2007, conducir a gran velocidad, borracho, sin carné o sin puntos es delito y conlleva duros reproches penales: penas de multa, retirada del carné e incluso prisión para los reincidentes. Castigos, sin duda, acordes con las posibles graves consecuencias de esas irresponsables conductas que ponen en riesgo la vida de los demás conductores. Pero el endurecimiento de la ley no ha frenado este tipo de comportamientos, que en Granada, por ejemplo, dieron lugar a 1.820 procedimientos de juicios rápidos el año pasado, así como a la apertura de 196 investigaciones en los juzgados de Instrucción.

De perseguir estas conductas en Andalucía se encargan una serie fiscales especializados, que como cada año han elaborado un informe anual de su actividad para unirlo a la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía, la cual será presentada el próximo martes en Granada, donde la delincuencia en materia de seguridad vial da un trabajo más que considerable al Ministerio Público. Así se desprende del referido informe, que refleja un notable crecimiento de las causas judiciales por alcoholemia y un elevado número de casos de conducciones sin carné.

En concreto, el año pasado se registraron 224 casos más de delitos de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas que en 2009. Así, se ha pasado de 667 procedimientos de juicios rápidos a 891, mientras que las diligencias previas (incoadas en aquellos asuntos que requieren de un investigación judicial más compleja) han sido prácticamente las mismas: 78 frente a las 77 de 2009. Como en años anteriores, el porcentaje de sentencias de conformidad emitidas por los jueces de Instrucción en casos de alcoholemia ha sido "altísimo", con un total de 749.

Las conducciones sin carné dieron lugar a 889 juicios rápidos y a 116 diligencias previas, habiéndose dictado un total de 711 sentencias condenatorias.

El único delito que sí ha registrado un descenso importante es el de conducción temeraria, pues de los 40 casos registrados en 2009, se ha pasado a 26.

En cuanto a los excesos de velocidad penal, se registraron sólo dos casos y acabaron en sentencia condenatoria, las mismas que se dictaron en 2009. Los delitos por negarse a someterse a la prueba de alcoholemia no fueron tampoco demasiados: hubo 12 procedimientos, sólo uno más que en 2009.

La Fiscalía, además de actuar en los casos judicializados, tiene una labor propia investigadora y, en 2010, incoó una decena de diligencias informativas y de investigación, entre las que destacan unas encaminadas a conocer si, tras el fallecimiento de un motorista en una rotonda de la capital, el Ayuntamiento granadino tenía previsto modificar la señalización o iluminación del sitio para prevenir nuevos accidentes en el mismo lugar.

Lo cierto es que con el paso del tiempo las cosas han cambiado a mejor en el funcionamiento de la Sección de Seguridad Vial de la Fiscalía de Granada desde que se creó. Atrás quedaron, por ejemplo, los problemas que se registraban para elaborar la estadística, ya que una funcionaria perteneciente al cuerpo de Tramitación Procesal se está encargando de ello. También está siendo "satisfactorio" el grado de cumplimiento, tanto por la Guardia Civil como por las policías locales, a la hora de remitir a la Fiscalía los atestados por hechos de especial gravedad. Con la Jefatura Provincial de Tráfico, la comunicación también ha mejorado a la hora de saber si una persona ha conducido pese a tener resolución de pérdida de puntos. Y esa mejora ha sido posible gracias a "la instauración de un sistema de remisión de documentos a los juzgados de guardia". De todos estos avances también da cuenta en el informe el fiscal delegado de Granada, Pedro Jiménez Lafuente. Todo sea dicho.