Hace años que el Ayuntamiento de Granada dejó de tener en la construcción una fuente de ingresos fiable... y seguir oprimiendo a los vecinos no es ya, a estas alturas, una opción moralmente aceptable, así que al Consistorio se le han ocurrido dos ideas para aumentar la recaudación municipal y sacar del pozo a la maltrecha economía granadina. La primera consiste en cobrar un peaje a los turistas que lleguen a la Alhambra por el nuevo acceso de entrada al monumento y al cementerio situado en la zona sur de la ciudad.

El cobro de este peaje, que rondaría el euro por turista, se aplicaría solo a viajeros foráneos (en ningún caso a los granadinos) y se justifica en dos conceptos: de un lado por el perjuicio medioambiental que generan tantos autobuses y coches en el entorno del monumento y por la necesidad de la ciudad de beneficiarse de un patrimonio turístico de esta calaña. El dinero que se consiguiera con esta medida iría destinado a dos objetivos fundamentales: la promoción turística del sector y la rehabilitación del Albaicín.

El concejal de Economía, Francisco Ledesma, reconoció ayer que esta medida se lleva estudiando desde hace un año y medio y ahora el órgano de gestión tributaria del Ayuntamiento está ultimando los informes técnicos. Cómo se cobraría ese peaje está todavía por determinar. "Los técnicos nos dicen que estamos en disposición de hacerlo ya que estamos hablando de un suelo de dominio público que nos corresponde. Hay que estudiar cómo hacer la recaudación, si poniendo barreras, cámaras, pilonas...", detallaba ayer el concejal de Economía.

En principio el cobro se haría a los autobuses turísticos aunque también se está estudiando cómo hacerlo a los coches particulares con turistas foráneos.

La otra opción, que no tiene por qué ir de la mano del peaje a la Alhambra, consiste en cobrar una tasa turística a los viajeros que pernocten en los hoteles de la ciudad. Esta idea funciona en algunas ciudades de España como Barcelona, Santiago de Compostela o Toledo. La idea es la misma, gravar a los turistas que vienen de fuera y engrosar así las arcas municipales.

El anuncio que el Ayuntamiento lanzó ayer no está consensuado ni con los grupos de la oposición ni con el sector hotelero, que sea posiblemente el que más tiene que decir en este asunto. Para empezar, Trinitario Betoret, presidente de la Federación de Hostelería y Turismo, ya dijo ayer a este periódico que el sector estaba absolutamente en contra de esta medida. Primero porque esto supondrá una merma importante de turistas y, segundo, porque dañaría irreparablemente la imagen turística del destino. ¿No ocurre lo mismo en Barcelona?

"Para empezar ya quisiéramos nosotros tener las cifras turísticas que tiene Barcelona y que nuestro Ayuntamiento hiciera la defensa que hace Barcelona de los hospedajes legales persiguiendo sin descanso a los alegales. Con una defensa tan férrea es normal que los hoteles colaboren", apuntaba Betoret, quien se preguntaba si la tasa la cobrarían sólo los hoteles reglados o también esos alojamientos alegales.

"La fiscalidad que soportan las empresas del sector es suficientemente alta como para también afrontar una medida así", opinaba Betoret.

El presidente de la Federación de Hostelería tiene otras muchas incógnitas, como por ejemplo saber si es el propio trabajador del hotel el que se va a tener que poner delante del cliente para pedirle el euro o los dos euros de más.

"Granada es un destino muy demandado pero sobra oferta hotelera, lo que influye directamente sobre los precios. Siempre digo que nos tenemos que querer más y valorar más nuestro destino. Si tenemos un 30% de establecimientos alegales, ¿qué batalla podemos librar?", se pregunta Betoret.

Y así el debate vuelve a estar servido en la ciudad. Los grupos de la oposición, que desconocían estas medidas tacharon ayer el anuncio de oportunista y de golpe de efecto. A partir de hoy los grupos de la oposición tienen de plazo hasta el 29 de diciembre para proponer otras medidas tendentes a conseguir dinero. Será en esa fecha cuando se vuelvan a someter a votación las ordenanzas fiscales que necesitan de ingresos extra para cuadrar el presupuesto.