Los clientes que decidan comprar una vivienda de Emuvyssa podrán adherirse a un sistema arbitral de consumo regulado por ley que facilitará y agilizará la resolución de conflictos sin tener que recurrir a los procedimientos judiciales. El servicio es gratuito y no necesita abogados, ni procuradores, por lo que el comprador renuncia a la jurisdicción civil a la hora de solventar cualquier problema. El laudo que emita la junta arbitral de consumo (con el mismo efecto que una sentencia), se puede ejecutar en juzgados de primera instancia.

"Para los clientes es una garantía saber que van a llegar a acuerdos extrajudiciales", manifestó la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, quien anunció que a partir de ahora los contratos incluirán una cláusula de adhesión a este procedimiento. El servicio consta de un colegio arbitral integrado por un presidente, designado por la administración, y dos árbitros: uno representante del consumidor y otro del empresario.

El trámite se resuelve en un corto espacio de tiempo a través de un laudo de ejecución obligada que impide que haya que recurrir a los juzgados. Desde su creación en el año 1994, la junta arbitral de Granada ha conseguido adherir a 641 empresas de distintas sectores. Según el presidente de la junta arbitral, Guillermo Orozco, durante el año 2007 se han recibido 1.532 solicitudes de arbitraje, de las cuales se han archivado 822 expedientes.

"El arbitraje es una vía de justicia, por tanto todas estas políticas de consenso son indicios de calidad que crean confianza en el ciudadano", manifestó el presidente de la junta arbitral de consumo de Granada.