La lucha contra los apartamentos turísticos ilegales no es sencilla. Controlar lo que no está registrado, lo que no aparece en ningún listado más que en las plataformas P2P (peertopeer) que los comercializan bajo la premisa de la economía colaborativa requiere de mecanismos que trascienden el ámbito local, el regional e incluso el nacional. Con todo, las administraciones granadinas, conscientes de la amenaza que supone una oferta irregular que no juega con las mismas reglas que la reglada, acordaron ayer poner todo de su parte para atajar en la medida de sus posibilidades un problema que trasciende lo turístico y afecta ya a la propia configuración de la ciudad.

El Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía mantuvieron ayer un encuentro con los empresarios turísticos en el que acordaron establecer mecanismos de colaboración en la inspección que desarrolla la Consejería de Turismo sobre las viviendas de uso turístico que no están legalmente registradas, una irregularidad que puede llevar consigo una sanción de hasta 150.000 euros. Aunque la intención no es "criminalizar" a nadie, las instituciones y la Federación de Hostelería pusieron encima de la mesa la necesidad de "poner coto a aquellos que no desean cumplir la ley", y que constituyen un foco de competencia desleal para los empresarios que sí pagan sus impuestos.

Las administraciones piden al Ejecutivo que concrete "un marco jurídico unitario"

En la actualidad, Granada cuenta con 1.151 apartamentos turísticos inscritos en el Registro de Turismo, que aportan alrededor de 5.000 plazas de alojamiento a la oferta tradicional. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, indicó que lo importantes es saber "que oferta hay más allá" de esas 5.000 camas legales. De ahí su determinación de ofrecer ayuda "en el trabajo de detección de la oferta clandestina", apoyando en la medida de sus posibilidades las labores de inspección y estudiando "una regulación jurídica complementaria" sobre este tipo de viviendas.

El presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo, Trinitario Betoret, indicó que tras este primer encuentro, serán los técnicos de la Junta y del Ayuntamiento (tanto de Turismo como de Urbanismo) los que tendrán que determinar esas vías de colaboración para ejercer un mayor control. Con todo, Betoret recordó que el margen de maniobra "es corto", ya que la regulación depende del Gobierno autonómico y, en última instancia, del nacional.

Precisamente la complejidad de la tarea, que trasciende el ámbito municipal y autonómico, llevó tanto al Ayuntamiento como a la Junta y los empresarios a pedir al Gobierno central "que concrete un marco jurídico unitario para todas las comunidades autónomas".

En cualquier caso, Betoret indicó que los empresarios seguirán trabajando también en el marco de la Mesa contra la Competencia Desleal creada hace cuatro años para abordar precisamente la incidencia de los nuevos alojamientos ilegales.