Clase de Educación Física. Un balonazo en la cara. La nariz del chiquillo comienza a sangrar. ¿Qué hacer? “No lo sabemos”, reconoce Dimas Martín, director del CEIP García Lorca de Granada y responsable provincial de la Asociación Andaluza de Directores de Centros Públicos de Educación Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre). “Tendremos que esperar a que el enlace [con Salud] nos diga qué tenemos que hacer. No somos sanitarios”. Es una de las dudas que sobrevuela el próximo inicio del curso escolar, programado para el 10 de septiembre para los colegios y el 15 en el caso de los institutos.

Los centros deben tener, en virtud de lo que establecen las instrucciones de 6 de julio, un protocolo de actuación Covid-19, elaborado por una Comisión Permanente del Consejo Escolar, con representación municipal, un coordinador de seguridad y salud del centro y una persona de enlace del centro de salud de referencia. Según Martín y otros directores consultados por este diario, los centros preparan el protocolo sin este personal de enlace, que llegará “en septiembre”, explican desde uno de los institutos consultados.

Este protocolo debe establecer cómo se abre el centro, cómo se organizan las salidas y entradas, si podrán acceder las familias, cómo se repartirán los alumnos en las aulas, cómo se limitarán los contactos y quiénes formarán los “grupos de convivencia escolar”. No son cuestiones menores. En el caso de la apertura, los centros pueden abrir hasta una hora antes para escalonar la llegada, pero el horario lectivo se mantiene. Si el escolar entra en clase a las 8:45 en lugar de las 9:00, saldrá un cuarto de hora antes. Eso sí, existe la salvedad para los que tengan hermanos, que podrán entrar a la misma hora. Esto hace que, en la práctica, será prácticamente imposible escalonar el acceso a los centros tal y como propone la Consejería de Educación y Deporte. El uso de aseos también se verá regulado, al igual que las medidas de higiene y limpieza, otro melón que hay que abrir con los presupuestos municipales en el caso de la red de colegios públicos. Son los ayuntamientos los que deben cubrir los gastos de limpieza, como el mantenimiento y los gastos corrientes.

Los centros no cuentan con asesoramiento técnico y, por ahora, desconocen cuántos docentes ampliarán la plantilla de cara al próximo curso y cómo se hará esa ampliación. Son 6.000 los profesores de apoyo que se anunciaron desde la Junta. Sin embargo, Dimas Martín alega que “en toda Andalucía” se ha producido un ajuste en los claustros. “No está cuantificado, pero en casi todos los centros nos han reducido un profesor o dos” a cuenta de la bajada en el resto horario con respecto al pasado curso.

Como ejemplo práctico está lo denunciado por las familias del colegio público rural (CPR) de Puerto Lope. Se ha suprimido una unidad de 4 años pero desde la Delegación se va a enviar a un docente. Éste se envía para que el centro lo destine donde crea que sea más necesario, que será, precisamente, al grupo de 4 años. Administrativamente esa unidad no existe, aunque se mantendrá con un apoyo que, en un principio, estaba destinado a otra función, indican las familias del colegio.

Además de los recursos y que “no sabemos ni el profesorado que va a venir”, desde Asadipre se critica que existe “un problema muy grave con la distancia de seguridad”. También ven lagunas en los grupos de convivencia, ya que “se rompen en el momento en el que hay hermanos”. Los docentes también deben desarrollar una doble programación (una para docencia presencial y otra para mantener el curso a distancia) “y no hay recursos para eso”, reconoce Martín.

Además de esas carencias, desde Asadipre manifiestan que no se determina “de quién es la responsabilidad” en el caso de que haya un contagio. “Nos mandan alumnos con fiebre, ¿qué hacemos con ellos?”.