Granada

Los concejales del PP pierden su último recurso e irán a juicio por el Serrallo

  • La Sala rechaza los escritos presentados por seis de los ediles que formaron parte de la junta de gobierno en 2012 y votaron a favor de la discoteca, aunque no entra en el fondo del asunto

La Audiencia Provincial rechaza el recurso de los seis ediles que formaron parte de la junta de gobierno de José Torres Hurtado en 2012. La Audiencia Provincial rechaza el recurso de los seis ediles que formaron parte de la junta de gobierno de José Torres Hurtado en 2012.

La Audiencia Provincial rechaza el recurso de los seis ediles que formaron parte de la junta de gobierno de José Torres Hurtado en 2012. / archivo

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Los concejales del Partido Popular que formaron parte de la junta de gobierno de José Torres Hurtado en 2012 y votaron a favor de los cambios que permitieron abrir una discoteca en el Serrallo, han perdido el que seguramente es su último cartucho judicial para evitar sentarse en el banquillo de los acusados cuando comience el juicio por este caso. La Audiencia Provincial acaba de rechazar el recurso de seis de los ediles, con argumentos que podrían ser de aplicación para todos los recurrentes.

María Francés, Juan Antonio Fuentes, Telesfora Ruiz, Juan García Montero, Fernando Egea (todos ellos concejales aún en el Ayuntamiento de la capital) y Juan Antonio Mérida acaban de recibir un nuevo rechazo a sus reiteradas peticiones de archivo de la causa del Serrallo para ellos. Este recurso contra su procesamiento, en el auto que puso fin a la fase de instrucción, era en realidad la última esperanza a la que se aferraban en febrero, cuando la jueza decidió incluirlos en la lista de los 17 procesados del caso. Es decir, los ponía en el disparadero para que las acusaciones formularan sus escritos.

El Ayuntamiento y la Fiscalía no han formulado acusación contra los ediles

Desde que sus defensas presentaron estos recursos, y mientras éstos se resolvían, la maquinaria judicial ha seguido activa y se han dado ya varios pasos importantes, algunos en su beneficio y otros no, pero que, en cualquier caso, les conducen al juicio que tendrá que celebrarse en la Audiencia Provincial. Desde que la jueza dictó aquel auto en febrero, las partes han enviado sus escritos de acusación, que en parte fueron un respiro para los concejales de la junta de gobierno, dado que la Fiscalía y el Ayuntamiento de Granada (que es acusación particular) no les atribuyeron delitos por los que debieran ir a juicio.

Pero en este caso hay muchas más partes acusadoras, varias populares y particulares, de tal modo que, salvo las mencionadas antes, el resto sí consideraron que los ediles del PP podrían tener responsabilidades delictivas al haber facilitado la apertura de la discoteca con su voto favorable. Así las cosas, la jueza dictó el mes pasado un nuevo auto decisivo, el de apertura de juicio oral. Y en él incluyó también a todos los responsables políticos que procesó en febrero.

Dado que este último auto de apertura de juicio oral no es recurrible (las defensas están reclamando ahora la posibilidad de alegar sólo contra la parte que concierne a la imposición de fianza), la única esperanza judicial que les quedaba a los concejales del PP para no llegar a juicio era aquel recurso que presentaron en febrero contra su procesamiento.

Pero la Sección Segunda de la Audiencia Provincial les acaba de echar un nuevo jarro de agua fría con un auto firmado el 8 de junio (al que ha tenido acceso Granada Hoy), que rechaza revocar la decisión de la jueza de instrucción. En realidad no entra en el fondo de la cuestión, sobre la responsabilidad mayor o menor que tuvieran los concejales en las supuestas ilegalidades cometidas, dado que a juicio de los magistrados, éste no es el momento procesal de aclararlo.

Salvo que hubieran recurrido "un caso evidente de error judicial", o que la alegación fuera en sentido contrario (contra el archivo de la causa), la ley no permite interferir por esta vía cuando lo que el juez acuerda es continuar el proceso por los trámites del procedimiento abierto.

Llegan a decir los magistrados de la Sala que "si el juez de instrucción encuentra en los hechos relatados en los escritos de acusación indicios suficientes de delito, acordará la apertura de juicio oral mediante una resolución no susceptible de recurso", que es precisamente lo que ha ocurrido hace apenas un mes. "¿No es entonces paradójico que se pretenda yugular el proceso?", se preguntan los jueces de la Audiencia, que hace unos meses ya resolvieron otro recurso similar de los mismos concejales contra la negativa de la jueza a dejarlos fuera de este caso. Ahora continúan pronunciándose en la misma línea.

Con independencia de la solidez de la acusación que haya contra estos ediles en el futuro juicio (hay que tener en cuenta que la Fiscalía no va contra ellos), los cargos públicos, especialmente los que se encuentran en activo, se jugaban más cosas ante la posibilidad de llegar a juicio o no. Y es su futuro político inmediato. Hay que tener en cuenta que el PP andaluz (su presidente, Juan Manuel Moreno) llegó a decir que tomarían medidas contra ellos si llegaban al punto, ya alcanzado, de verse abocados al juicio.

Este anuncio ha quedado recientemente matizado o eludido, de tal modo que los ediles se mantienen con sus actas de concejales en la oposición del Ayuntamiento. Pero cuestión diferente es su hipotética incorporación a la próxima lista del PP para unas elecciones municipales que casi podrían coincidir en el tiempo con el primer juicio importante sobre posible corrupción municipal del anterior gobierno popular de Torres Hurtado.

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