El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, dependiente del Ayuntamiento de Granada, finalmente ha resuelto los recursos de UGT y de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) por los que ha dado la razón a las alegaciones formuladas por el grupo municipal de Podemos-IU sobre el precio por hora que cobran las casi 800 auxiliares de ayuda a domicilio que atienden a alrededor de 3.300 usuarios en la capital.

El motivo de la anulación del pliego de condiciones del servicio de ayuda a domicilio (SAD) es por el incumplimiento de varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público, debido a que el Ayuntamiento de Granada no ha elaborado un informe económico que avale el coste de la licitación ni el precio por hora de las trabajadoras.Por su parte, desde UGT señalan que ya que los pliegos impugnados establecían unas condiciones económicas que no garantizan la cobertura de los costes salariales.

“Esta disparidad y diferencia en el precio por hora de trabajadores, con la misma cualificación y realizando las mismas tareas, tiene como consecuencia que la diferencia de la licitación de los profesionales pueda ser de hasta un 32% dependiendo de si la hora la subvenciona la Junta, que en 2017 puso un precio político de 13 euros por horas en bruto, o el Ayuntamiento, que la cuantifica en 17 euros”, sostienen desde Podemos-IU, que celebran esta impugnación que para el grupo suponía la “reprivatización” del servicio.