La Asociación de Constructores y Promotores (Acp) de Granada ha mostrado su preocupación por la aprobación de las nuevas ordenanzas fiscales por el Ayuntamiento de la capital, que incluye una nueva categorización del IBI, que, según esta asociación, habla de una "subida del 50% para las viviendas vacías en manos de empresas". Por esto, los órganos de gobierno de la Acp Granada concluyeron tras una reunión que "se trata de la mayor operación confiscatoria de los últimos años, si bien recuerdan que en 2018 este mismo equipo de Gobierno subió el IBI el 48% al pasar los tipos del 0,7 al 1% a los bienes de mayor valor catastral".

La Asociación de Constructores y Promotores de Obra de Granada está en "desacuerdo con la descomunal subida" ya que, en una nota de prensa, opinan que es "abusivo, confiscatorio, intervencionista y ataca el derecho a la propiedad privada". Además, creen que supondrá "un freno a la inversión en Granada", la cual creen que la ciudad "no es un zona tensionada" y que la decisión "proporcionada" se basa en información "no actualizada". Además, lamenta que el Ayuntamiento no se haya reunido con ellos ni haberles consultado acerca del mercado, lo que evidencia, según la Acp, un "profundo desconocimiento del sector".

"Se trata de una medida muy desafortunada que lejos de tender puentes para la generación de empleo y riqueza en Granada, genera la incertidumbre y la sospecha de que en breve cualquier ocurrencia fiscal será también para los particulares", añaden los constructores de la provincia, que recuerdan que la vivienda es un bien escaso de primera necesidad "que el comprador adquiere de forma lícita y abona cuantiosos impuestos en su compra y que el promotor levanta generando empleo y afrontando infinidad de costes e impuestos para todos los niveles de la Administración". "Si hay una sola vivienda vacía en Granada es porque su legítimo propietario no encuentra la seguridad jurídica necesaria para ponerla en el mercado", sentencian desde la Acp.

La Asociación continúa su denuncia hablando del mercado del alquiler, el cual explican que "está formado por miles de pequeños operadores, mayoritariamente particulares, que han encontrado en la vivienda una forma de obtener una renta mensual o simplemente un plan de jubilación generado con esfuerzo, los ahorros del trabajo y que normalmente se adquiere recurriendo a financiación". Así que denuncian que "cualquier medida intervencionista en el mercado tendrá un efecto importante sobre la oferta que hará subir inmediatamente los precios de la vivienda; cuestión que ya ha sucedido en Barcelona y Berlín".

Como alternativas para aumentar la recaudación fiscal del Ayuntamiento de Granada, los Constructores han propuesto al Consistorio varias medidas como "hacer de Granada una ciudad atractiva en el conocimiento, la Salud y la cultura", así como "fomentar el turismo residente, muy extendido en Málaga y Cádiz y con grandes posibilidades para el empleo".

La Acp también cree una opción "poner en carga suelos municipales que permitan generar mayor oferta de vivienda; cumplir los plazos marcados por la Ley en el otorgamiento de licencias de obra (tres meses); trabajar por el crecimiento del censo municipal, no expulsando a jóvenes de la ciudad", además de "reivindicar la inversión pública que Granada necesita, cuyo déficit de infraestructuras es lamentable". Por último, proponen "hacer de la seguridad económica y jurídica, incluida la fiscal, una máxima; y facilitar a cualquier posible inversor la eliminación de barreras generadas por la inmensa trama burocrática instaurada en la ciudad de Granada".