Granada

Los constructores critican a Nieto por acusar a uno de ellos de "un pelotazo"

  • La edil de Urbanismo tuvo duras palabras contra el promotor, que puede conseguir 13 millones de euros del municipio por unos terrenos que compró en 650.000 euros

La Asociación de Constructores y Promotores de Granada ha pedido a la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, prudencia en sus declaraciones públicas después de que acusara a uno de los asociados, Construcciones Vargas e Hijos, de dar un "pelotazo" a costa del Ayuntamiento. Para la organización, esas palabras "ofenden el honor" del aludido.

Nieto pronunció estas palabras en la última sesión del pleno municipal, la del pasado 21 de diciembre, al explicar la complicada situación que se ha generado en el Ayuntamiento por la exigencia del constructor de la expropiación de unos terrenos que supuestamente el Ayuntamiento ya había obtenido antes, de manos de otro constructor, José Julián Romero.

La gravedad del asunto deriva de la alta cantidad de dinero que tendría que abonar al propietario actual del suelo. La Comisión Provincial de Valoraciones ha fijado en 13 millones de euros el precio de la expropiación forzosa.

Nieto explicó en el pleno que este constructor compró los terrenos a la familia que había sido propietaria hace menos de dos años por 650.000 euros. Ahora ha obtenido la valoración de 13 millones de euros y ya ha pedido al Ayuntamiento que se ejecute esa indemnización más los intereses, que suponen también alrededor de un millón de euros.

La concejal de Urbanismo, después de explicar estos hechos calificó de "pelotazo" la operación realizada por el constructor. Estas palabras han sorprendido a la Asociación de Promotores, que las consideran "desafortunadas y fuera de lugar".

La agrupación remitió un escrito a este periódico para quejarse de las declaraciones de la concejal y para pedirle que sea "más prudente y sensata". Los constructores recordaron que el justiprecio de los terrenos a expropiar ha sido fijado por un "organismo neutral" dependiente de la Junta de Andalucía, que es la Comisión Provincial de Valoraciones.

Además, esta decisión no es firme por el momento, ya que se encuentra recurrida por el Ayuntamiento, que no está de acuerdo con la valoración y además pretende que la indemnización sea abonada por el constructor que incumplió el convenio al no aportar en realidad los terrenos que se suponían que eran suyos.

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