Existe un convenio, firmado en julio de 2015 por el concejal Juan Antonio Fuentes y el propietario de la empresa que prestaba los servicios a la televisión municipal, TG7. En él, ambas partes acordaban los detalles para la prestación de una serie de servicios extraordinarios, no contemplados en el contrato oficial. Ese documento, que es el nudo gordiano del caso penal TG7, era al parecer una especie de papel 'fantasma' en el Ayuntamiento, hasta el punto que la abogada que tenía que defender los intereses económicos del Ayuntamiento en el litigio contencioso con esa empresa aseguró ayer en sede judicial que no lo ha visto nunca y que cree que no consta en el expediente municipal.

El Ayuntamiento de Granada ha perdido hace pocos meses medio millón de euros en ese contencioso planteado por la empresa CBM, que reclamaba el pago de esos servicios extraordinarios autorizados por el edil del PP, Juan Antonio Fuentes.

Pero lo sorprendente de este asunto es que la letrada municipal encargada de ese pleito, que fue citada a declarar por el juez de instrucción que investiga las posibles responsabilidades penales, admitiera ayer que desconoce el documento clave, es decir, el convenio mediante el que se acordaba la prestación de esos servicios.

En ese documento, el Ayuntamiento no se compromete a pagar ningún servicio extra. Solo facilitaría los espacios publicitarios y la intermediación para buscar patrocinadores o anunciantes que pagaran campañas a CBM u otras empresas de su grupo (como hicieron parcialmente Emasagra, Inagra, Rober o la Fundación Granada Educa). Hasta en tres apartados, el convenio de 2015 especifica que la empresa privada prestaría esos servicios a requerimiento del Ayuntamiento de Granada, pero "a su riesgo y ventura". Esto es, "aunque no tengan certeza de la existencia de un espónsor que vaya a retribuir los servicios en el momento de la prestación de los mismos".

Por tanto, es lógico pensar que un convenio de este tipo, en el que se especifican los detalles y las formas de pago de esos servicios extraordinarios, es un documento clave para que el Ayuntamiento pueda defender sus intereses en un contencioso relacionado con el abono de esas facturas. La sentencia que condena al municipio a pagar ha sido recurrida y está ya pendiente de resolución, pero la letrada encargada admitió ayer que ese convenio es ajeno a su conocimiento.

Aquel acuerdo firmado por Fuentes en 2015 sí es el eje principal sobre el que giran las sesiones de interrogatorios en el Juzgado de Instrucción 6, en el caso por el que se investiga a Fuentes y a la anterior directora de la televisión, por los posibles delitos cometidos en la contratación de esos servicios que no estaban previstos en el contrato original con la empresa privada.

El secretario general del Ayuntamiento de Granada, y otros altos cargos técnicos municipales que han comparecido como testigos esta semana en el juzgado que investiga este caso de las facturas extra de la televisión, han confirmado que la contratación de esos servicios adicionales se hizo de un modo irregular, pues Fuentes no tenía competencias para contratarlos. El testigo ratificó lo ya apuntado por otro letrado municipal en un informe, que esas atribuciones correspondían al edil de Contratación, que era Sebastián Pérez.

El responsable político que se encargaba de los asuntos de la televisión municipal durante la época investigada (entre 2013 y 2015) era Juan Antonio Fuentes y éste autorizó durante esos tres años a la empresa privada que grababa los programas (CBM) la prestación de una serie de servicios extra, lo que derivó en un gasto "imprevisto" de más de 860.000 euros. Todos esos extras que la empresa prestaba mes a mes desde enero de 2013 carecían de cobertura oficial y, al parecer, eran ajenos a la contabilidad (como asegura la Fiscalía), hasta que en julio de 2015 Fuentes firmó aquel convenio.

Testigos que acaban de declarar ante el juez, como el secretario municipal o el director de Contratación, han confirmado que aquel convenio era en realidad un contrato y que el método empleado para que el Ayuntamiento compremetiera esos gastos no era el recogido en la ley, tanto porque ese concejal carecía de competencias, como porque se aplicó con efecto retroactivo.

Así las cosas, los letrados del caso penal han preguntado a los testigos reiteradamente por qué el Ayuntamiento no emprendió una revisión de oficio de esos gastos para declararlos nulos. Ninguno ha aclarado esa cuestión y en todo caso llegaron a señalar a los políticos que actualmente componen la junta de gobierno como los que tenían que haber tomado esa decisión para que la ciudad no tuviera que pagar esas facturas.