La Ordenanza Municipal de los derechos y obligaciones de los usuarios del transporte público urbano de Granada se aprobó en 2014. Ahora se ha hecho una modificación ya que se han observado "carencias significativas en la norma", como la falta de regulación más compleja sobre las tarjetas monedero, los credibús, que se instauraron en Granada 2006.

Según el informe municipal que se adjunta en la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza, hace años se puso en funcionamiento el sistema de pago mediante tarjeta monedero (bonobús), que permite al usuario acceder al vehículo previa cancelación del viaje, que hace que obtenga el título de transporte. Para ello el usuario tiene que comprar previamente una tarjeta de plástico, el credibús, que "tiene codificado en banda magnética el importe que el usuario desea adquirir dentro del régimen de tarifas actualmente vigente". Es decir, se compra la tarjeta (por dos euros, que se reintegran cuando se devuelve la tarjeta en perfectas condiciones) y se recarga con 5, 10, 20 euros,...

Pero "dicho régimen de fianza no figura en ninguna norma escrita sino que ha sido una práctica reiterada y constante desde hace años", advierte el informe del jefe de servicio de Movilidad con el visto bueno del Director General.

Además, por las inspecciones que se realizan, se ha visto que un gran número de esas tarjetas ya no se encuentran en circulación (posiblemente se han destruido) "sin que el usuario haya comunicado esta circunstancia" a la empresa de transporte.

Esto necesita completar las normas actualmente recogidas en la ordenanza en cuanto a las condiciones de adquisición y utilización de las citadas tarjetas. A partir de la publicación de la norma, las tarjetas serán propiedad del usuario, que tendrá la obligación de su correcta conservación.

El cambio se aprobó inicialmente en diciembre tanto en junta de gobierno local como en comisión de movilidad. El 1 de febrero se publicó la aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia para abrir proceso de información pública para reclamaciones, que estará activo durante un mes. Después llegará la aprobación definitiva y su aplicación. 

Con todo, se dará un plazo y se recoge que "las personas usuarias que dispongan de tarjetas y deseen canjearlas por la devolución de su importe, deberán hacerlo en el plazo de tres meses a contar desde el días siguiente a la publicación de este anexo". Transcurrido el plazo se perderá el derecho a la devolución.

Estudiando otros sistemas para buscar soluciones, se ha fijado el área en el del Consorcio de Transportes de Granada, en el que la tarjeta, una vez adquirida por el usuario, pasa a ser de su propiedad, "lo que evita la situación actual". Adoptar este sistema en la capital daría más similitud entre las dos tarjetas ya que lo que se busca es la plena integración de los título de transporte, por lo que "no tiene sentido mantener dos sistemas de tenencia diferentes".

En el informe se detalla también que teniendo en cuenta que la concesión del servicio concluirá en el 2022, "resulta necesario realizar las actuaciones necesarias en orden a ir concluyendo las cuestiones pendientes junto al resto de actuaciones de liquidación y reversión".