La situación en la cárcel de Albolote sigue siendo crítica, sobre todo en materia de seguridad. El centro penitenciario continúa con gran parte del personal de baja médica –en tan solo 48 horas, 60 funcionarios se ausentaron por enfermedad– y es el personal en prácticas quien está sacando adelante el servicio. Todo ello a través de “órdenes verbales” con “intimidación” para que asuman el trabajo, según denuncian los sindicatos.

Además, esta crisis en el sector ha propiciado que desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se amenace con “consecuencias penales” a los funcionarios, ante la posibilidad de que se trate de una huelga encubierta organizada. Una postura que ha puesto en pie de guerra al colectivo penitenciario que ha manifestado su malestar por “poner en duda su profesionalidad” y ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La mañana de ayer, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, en declaraciones a Onda Cero, aseguró que su departamento está comprobando los partes de baja de tres días para depurar responsabilidades que podrían ser penales si se constata que se trata de ausencias “masivas”, “premeditadas” y “organizadas”.

Tras sus declaraciones, desde el sindicato CSIF se le reprochó que “amenace con acciones legales contra el colectivo (...). En vez de amenazar, debería coger el toro por los cuernos, sentarse a negociar y afrontar las necesidades de esta Administración”, además de pedir que “deje de atacar a este colectivo y afronte los graves problemas que sufre”.

Tal y como indicaron a este diario, los trabajadores en prácticas, al igual que los funcionarios que no se han ausentado por enfermedad, están haciendo turnos ininterrumpidos de 24 horas, descansan doce y vuelven a enganchar otro turno de 24 horas. Una medida tomada desde la dirección de la cárcel de Albolote que se ha impuesto a través de “órdenes verbales” a los trabajadores.

Precisamente, esto “pone en peligro la seguridad” de la prisión –algo que ya denunciaron desde la Junta de Personal de Instituciones Penitenciarias de Granada el martes ante la Subdelegación del Gobierno– ya que además de ser un hecho que “contraviene la normativa en materia de formación”, por su inexperiencia “pueden estar en riesgo tanto su propia seguridad como la de los internos y el Establecimiento”.

Ante ello, desde CCOO Andalucía, a través de su Federación de Servicios a la Ciudadanía, ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo. “Este caos es provocado por el Ministro del Interior y la Administración Penitenciaria y por su incapacidad para gestionar las necesidades del personal de servicio”, señalaron.

Aseguran que todo ha derivado en un incumplimiento de jornadas y horarios, y de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una situación “insostenible” que se “ha impuesto, sin ningún tipo de negociación, una modificación grave de las condiciones laborales, que se haya actuado con intimidación contra el personal en prácticas o que se haya incumplido la normativa de jornadas y horarios”.

Por ello, el sindicato ha anunciado que tomará las medidas necesarias sobre las responsabilidades generadas con “la actitud arbitraria e irresponsable” de las direcciones de los Centros Penitenciarios de Málaga II y Albolote.